Editorial

Delitos en la Justicia

El caso Alexander es un claro ejemplo de todo lo que está mal en el sistema de justicia boliviano.

La Razón (Edición Impresa)

09:27 / 11 de noviembre de 2018

El caso del bebé Alexander es mucho más que solamente un escándalo judicial en el que una persona fue condenada a 20 años de prisión pese a que los jueces carecían de suficiente evidencia para hacerlo, es el ejemplo de todo lo que está mal en el sistema de justicia boliviano y, con suerte, un mapa de lo que debe ser resuelto si se desea transformar este estado de cosas.

Días atrás, el Consejo de la Magistratura dio a conocer el resultado de una auditoría jurídica al caso Alexander, revelando que se halló 13 indicios de la comisión de nueve faltas disciplinarias graves y un delito penal, cometidos por 13 funcionarios judiciales y ocho fiscales, todos ellos participantes de la fase preparatoria del proceso y del juicio oral.

Que hubo negligencia en diversas instancias del proceso es algo que ya se sabía, incluso antes de que una de las jueces responsables de la sentencia confesara, estando ebria, la injusticia que había cometido. El examen del Consejo de la Magistratura lo que hace es arrojar evidencia de ello y, peor, demostrar que es posible que malos juzgadores cometan delitos penales en el trámite de sancionarlos.

Entre los vicios del proceso se identificó la falta de notificación a las partes; notificaciones fuera de plazo; manejo inadecuado del expediente (se encontró un desorden “increíble”); generación deficiente de documentos, actas y resoluciones faltantes; incumplimiento de plazos procesales; suspensión indebida de audiencias (en todo el proceso se realizaron 115 y se suspendieron 106); omisión de acción disciplinaria contra personal auxiliar que cometió faltas graves y falta de providencias en memoriales.

Irónicamente, el presunto delito por el cual la tristemente célebre jueza Patricia Pacajes guarda detención preventiva es haber violado la reserva del caso al hablar de él en una reunión privada, y no por los sucesivos vicios que llevaron a un hombre a la cárcel sin que se hubiese demostrado su culpabilidad.

Un experto en la materia explicó a este diario que el conjunto de faltas cometidas en el caso que aquí se comenta es el causante de la retardación de justicia, causa principal del hacinamiento en las cárceles del país, donde siete de cada 10 personas están detenidas sin sentencia; y de la falta de acceso a la justicia, que afecta a la población boliviana en general y a quienes tienen la desgracia de llegar al Ministerio Público y los juzgados en particular.

Para efectos prácticos, la auditoría al caso Alexander servirá para procesar y sancionar a los funcionarios negligentes, pero no para restituir derechos al principal afectado. Debería además servir como guía de todo lo que está mal para comenzar a transformarlo. Sin embargo, queda la duda de si hay voluntad política, o siquiera capacidad humana, para comenzar esa transformación, largamente anhelada e incluso instruida en la ya lejana “cumbre de justicia”.

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