El anuncio gubernamental de realizar una inversión de $us 100 millones en operaciones de corto plazo en el exterior, por exceso de liquidez fiscal, es sinónimo de buena salud financiera del Tesoro General de la Nación, pero también de limitada capacidad de identificación de proyectos productivos nacionales, económicamente más rentables y socialmente deseables.   

La decisión —asumida por las autoridades responsables de las finanzas públicas del país— de invertir recursos líquidos en el corto plazo (en acciones, bonos y otros títulos) efectivamente es una estrategia financiera recomendable, si se evidencia que existe liquidez en el sistema financiero, toda vez que los recursos no pueden estar “dormidos” sin generar rendimientos. No obstante, si se trata de las cuentas fiscales del Tesoro General de la Nación, esto también es un síntoma de falta de proyectos en los que se pueda realizar inversiones socialmente productivas, evitando así la salida de capitales públicos.

Esta operación de inversión en el exterior puede generar rentabilidad positiva en el corto plazo; sin embargo, ésta sería bastante menor a los costos financieros emergentes de la emisión de bonos soberanos realizada hace algo más de tres meses. Por ejemplo, en el mejor de los casos, una operación de corto plazo podría generar  un 1% de rentabilidad anual; mientras que el costo financiero por un bono soberano es de 4.875% en el mismo periodo, por tanto, la diferencia es de 3.875% de costo neto en contra las arcas del Estado. Entonces la primera pregunta que cabe es: ¿si se proyectaba tener este margen de liquidez, era necesaria la emisión de bonos soberanos?

Luego, se tiene previsto, en el Presupuesto General del Estado (PGE) de la gestión 2013, una segunda emisión de títulos soberanos, pero queda en incógnita la identificación de necesidades que justifiquen un mayor endeudamiento público externo en términos comerciales, cuando se demuestra que existen internamente los suficientes recursos económicos para financiar el PGE y sus proyectos de inversión pública.

Finalmente, con esta acción operativa de parte de las autoridades financieras nacionales, queda en evidencia que en el país no existirían proyectos o inversiones lo suficientemente confiables y rentables, siendo la única opción invertir en el mercado financiero internacional; además, utilizando intermediarios bancarios extranjeros que cobran altas comisiones.

En tal sentido, parecería existir alguna contradicción en el seno mismo de la política financiera, porque hace algún tiempo a los bancos privados se les obligó a repatriar capitales; y lo que se está pretendiendo hacer ahora desde el Gobierno es exportar capitales públicos. Algo no cuadra.