Editorial

Justa liberación

Su detención hubiese supuesto un atentado contra el derecho a la información

La Razón (Edición Impresa)

23:58 / 18 de mayo de 2017

Gracias a un indulto otorgado por Barack Obama poco antes de abandonar la Casa Blanca, la exanalista militar Chelsea Manning, otrora llamado Bradley antes de optar por cambiar de sexo, fue liberada ayer tras permanecer siete años en una prisión militar masculina de Kansas en condiciones extremas, según denunciaron sus abogados en reiteradas oportunidades.

De hecho, Chelsea intentó suicidarse en dos ocasiones el año pasado, debido al aislamiento del que era víctima, tanto por su condición de transexual como por el delito por el que fue sentenciada a 35 años de prisión en 2010: haber filtrado cerca de 7.000 documentos clasificados de EEUU a WikiLeaks, la mayor filtración jamás sufrida por el país del norte, por lo que fue acusada de traición a la patria. Además, fue degradada de rango militar y se le negó el derecho a recibir alguna remuneración de parte del Ejército.

Sin embargo, esta situación cambió con el indulto otorgado por Obama a mediados de enero. Decisión que fue celebrada por organizaciones dedicadas a la defensa de los derechos humanos y a la libertad de prensa en todo el mundo. Y es que si bien Manning infringió ciertas normas de la institución militar a la cual servía, propios y extraños coinciden en que su accionar, lejos de merecer una pena tan drástica, debió ser reconocida, y no solo porque comulga con los valores registrados en la Constitución de su país, sino también porque propició un necesario debate en EEUU sobre los horrores de la guerra en Irak, un primer y fundamental paso para subsanarlos.

En efecto, destinado en 2009 a un servicio de inteligencia en el país árabe, encargado de analizar informaciones confidenciales, el otrora suboficial de 22 años se encontró con una serie de abusos cometidos sistemáticamente por el Ejército de EEUU y decidió hacerlos públicos con el apoyo de Julian Assange. “He visto arreglos políticos casi criminales (...). Cosas increíbles, horribles, que deben pertenecer al dominio público y no quedarse en un servidor en una oscura habitación de Washington”, le confesó a su amigo Adrian Lamo, quien se asustó ante la enormidad del asunto y lo denunció.

En el proceso en su contra, en procura de establecer un escarmiento ejemplar, la Justicia estadounidense desempolvó un delito de colaboración con el enemigo establecido en su legislación que no se utilizaba desde la guerra civil de 1861. Además, basó su estrategia en la Ley de Espionaje de 1917, por la que solo había habido una condena hasta entonces. Por este motivo, diferentes organizaciones y activistas calificaron la sentencia de 35 años contra Manning como un atentado contra las libertades de expresión y de prensa. De allí la importancia de su liberación materializada el 17 de mayo, ya que su detención hubiese supuesto un atentado contra el derecho a la información y una injusticia de grandes proporciones.

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