Editorial

Interpelaciones

La parálisis respecto a la garantía de derechos y la fiscalización legislativa puede derivar en retrocesos

La Razón (Edición Impresa)

00:13 / 28 de febrero de 2020

En los casi tres meses y medio del Gobierno provisorio, la coordinación entre el Órgano Ejecutivo y la Asamblea Legislativa ha sido valiosa en algunas cuestiones sustantivas, pero inexistente en otras. Viabilizó la ruta electoral y la prórroga de mandatos, pero se convirtió en parálisis respecto a la garantía de derechos y la fiscalización. Ello puede derivar en retrocesos. 

Tras la forzada renuncia del expresidente Evo Morales y la proclamación de la senadora Jeanine Áñez como cabeza del Ejecutivo, se logró un acuerdo in extremis entre el nuevo oficialismo y la bancada mayoritaria del MAS para la renovación del Órgano Electoral y la convocatoria a nuevas elecciones generales, previa anulación de los fallidos comicios de octubre. Ello contribuyó a la todavía parcial y frágil pacificación del país. Se lo hizo luego de dos masacres con intervención de la fuerza pública.

La aprobación por unanimidad de la Ley de Régimen Excepcional y Transitorio fue fundamental para encaminar las elecciones y evitar conflictos sociales, pero no estuvo seguida de la necesaria normativa para garantizar derechos constitucionales. El oficialismo ha desvirtuado primero y bloqueado después la promulgación de la Ley de Cumplimiento de Derechos Humanos. En tanto, exautoridades de gobierno y dirigentes del MAS son objeto de persecución política (“cacería”), impulsada desde varios ministerios.

Un segundo acuerdo sustantivo entre el Ejecutivo y los asambleístas del MAS, con aval del Tribunal Constitucional, fue la ley para la prórroga de mandato de todas las autoridades electas. Se despejó así la incertidumbre y el potencial vacío de poder el pasado 22 de enero, cuando se cumplió el mandato de las autoridades electas en 2014. La prórroga alcanzó también a las autoridades departamentales y municipales. Se lo hizo bajo presión de una inédita militarización del país en democracia.

Superado el trance de la prórroga de mandato, en especial de la Presidenta (hoy candidata) provisoria, se mantuvo el bloqueo por parte del Ejecutivo a la labor fiscalizadora del Legislativo. La interpelación de los titulares de Gobierno y de Defensa por las masacres de Sacaba y Senkata sigue sin realizarse, debido a que los ministros no se dignan a presentarse en la Asamblea. Y en lugar de aplicar el reglamento, votando una resolución de censura, los presidentes de las Cámaras mantienen inacción y silencio.

En todo proceso de crisis y posconflicto orientado a la reconciliación primero se acuerdan las condiciones y garantías para todos los actores relevantes, y luego se encaminan las salidas. En Bolivia no ocurrió así. Se viabilizó la salida electoral y cuando debieron asumirse las garantías, el Gobierno abandonó unilateralmente el pacto adoptado con acompañamiento internacional. Como dijimos en este espacio, ello pone en riesgo la frágil pacificación y compromete unas elecciones todavía inciertas.

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