Es responsabilidad del Estado garantizar a los ciudadanos el acceso universal a una educación de calidad. Así lo establece la Constitución. Para tal efecto, además de recursos humanos cualificados, hace falta infraestructura, servicios y equipamiento adecuados. Competencias atribuidas a  los gobiernos municipales, pero que en muchos casos no se cumple.

Claro ejemplo de ello es la ciudad de El Alto, en donde la mayoría de las escuelas públicas adolece de serias deficiencias, pese a que esa urbe es una de las más pujantes y una de las que más recursos recibe por coparticipación. Deficiencias que no sólo afectan la calidad de la enseñanza, sino también ponen en riesgo la salud y seguridad de los estudiantes.

Al respecto, representantes de la Federación de Padres de Familia (Fedepaf) y de la Federación de Juntas Vecinales denunciaron que, a pocas semanas de que comiencen las clases, no se han realizado los trabajos de mejoramiento en los establecimientos educativos, comprometidos por la Alcaldía; y temen que deberán ser ellos quienes cubran los gastos, si desean que sus hijos estudien en mejores condiciones.

Y es que, como pudo verificar este diario, incluso en las principales escuelas hay aulas con pizarrones rotos, faltan pupitres, las puertas y techos están deteriorados y hasta carecen de vidrios (mejor ni hablar de salas de computación, canchas deportivas o bibliotecas bien equipadas). Carencias que además de menoscabar la enseñanza ponen en riesgo el normal desempeño y la salud de los niños y adolescentes, especialmente en una ciudad con temperaturas tan bajas como El Alto.

En respuesta a estos reclamos, el Director de Educación de la Alcaldía alteña señaló que, en noviembre, se hizo una primera entrega de material para las refacciones (500 láminas de vidrios y más de 1.500 baldes de pintura), y que en los próximos días harán una inspección para evaluar si los colegios emplearon o no esos materiales. Provisión que, según Fedepaf, no alcanza a cubrir ni al 10% de las 277 escuelas de esa urbe, dicho sea de paso.

Cabe recordar que la nueva ley de educación (Art. 80) establece que los gobiernos municipales son responsables de dotar, financiar y garantizar los servicios básicos, mobiliario, infraestructura, material educativo y equipamiento de las unidades educativas, así como de las Direcciones Distritales y de Núcleo, en su jurisdicción.

Es decir, que la labor de la Alcaldía no es precisamente dotar de material para que los padres refaccionen los centros educativos, sino asegurarse de que éstos cuenten con las condiciones y los servicios óptimos para impartir una buena educación. Y eso es lo mínimo que se debería proporcionar a las familias que hacen grandes esfuerzos para mandar a sus hijos a estudiar; muchos de los cuales recorren largas distancias para llegar a clases en busca de un futuro mejor.