Editorial

Compleja transición

La implementación de un régimen autonómico es quizás la tarea más compleja del Gobierno, pues implica la reestructuración del Estado en pos de una mayor eficiencia, responsabilidad y transparencia en el manejo de los recursos. Empero, si no se crean las condiciones adecuadas, este proceso podría plantear serios problemas de asignación y de estabilidad macroeconómica.

La Razón

01:00 / 19 de abril de 2011

Y esta responsabilidad descansa en el Ministerio de Autonomías; responsabilidad entendida por Carlos Romero, ministro del área, como una gran oportunidad para superar el déficit en cuanto a estructuras normativas e instituciones superpuestas que históricamente ha erosionado la eficiencia y la representatividad del Estado boliviano.

Sin duda una gran oportunidad, pero muy compleja en un país que tiene "en la fragmentación social una condición estructural que no es fácil de resolver", como bien reconoce el propio ministro en la entrevista publicada en el novel suplemento de La Razón, Animal Político.     

Pero el Ministerio de Autonomías no solamente debe lidiar con realidades diferenciadas y diversas que buscan sus propios intereses, sino también con la interpretación y precisión de un régimen autonómico ambiguo y complejo, propuesto por la Constitución Política del Estado y las diferentes regiones. Régimen complejo por la diversidad de formas de autonomía y por la cantidad (cinco) de formas de gobierno; y ambiguo por la existencia de decenas de competencias que necesitan ser interpretadas y precisadas, pues muchas de ellas se sobreponen y otras parecen más deseos que responsabilidades.

El costo de la institucionalidad del nuevo Estado constituye otro de los escollos por resolver, ya que se trata de un régimen muy costoso que podría poner en figurillas a las arcas estatales. En efecto, se necesita diseñar y conformar un nuevo sistema administrativo financiero, se necesitan expertos, infraestructura nueva. Asimismo, se va a incurrir en costos elevados de transacción y negociación entre los diferentes actores y niveles.

Tampoco hay que olvidarse del gasto corriente que los nuevos actores van a generar en el nuevo aparato estatal. Antes los gastos se limitaban a tres poderes ejecutivos (nacional, departamental y municipal) y un Órgano Legislativo; y ahora se busca consolidar un Estado con cinco gobiernos ejecutivos y cinco cuerpos legislativos.

Y para evitar que la ampliación de los gastos corrientes y administrativos genere presiones inflacionarias aún mayores a las actuales, afectando la estabilidad macroeconómica, el Ministerio de Autonomías debe garantizar una coordinada y efectiva distribución de responsabilidades e ingresos entre los diferentes niveles de gobierno; tarea compleja la de Romero y del ministerio que dirige.

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