Editorial

Cierre del caso Zarlet

Actitudes de este tipo, que desincentivan las denuncias, contribuyen a que los delitos queden en la impunidad.

La Razón (Edición Impresa)

00:50 / 30 de octubre de 2019

Por tercera vez, la Fiscalía decidió cerrar el caso de Zarlet Clavijo Martínez (24 años), la muchacha cuya desaparición, hace ya más de siete años, incluso impulsó la promulgación de la Ley Integral Contra la Trata y Tráfico de Personas. Norma que sin embargo no ha contribuido para dilucidar su caso, como evidencia esta nueva determinación del Ministerio Público. 

La última vez que los familiares de Zarlet supieron algo de ella fue el 4 de junio de 2012. A mitad de aquella jornada, la entonces adolescente de 17 años salió de la oficina de su mamá, ubicada en la Av. 16 de Julio de la urbe paceña, para dirigirse rumbo a su hogar. Pero jamás llegó y hasta el momento no se tienen rastros sobre su paradero.

Sus familiares están convencidos de que habría sido raptada por una red dedicada a la trata y tráfico de personas. Su reducida edad cuando desapareció, la buena relación que mantenía con sus seres queridos, las imágenes que la muestran caminando por El Prado junto a un varón la última vez que la vieron, así como los mensajes de texto y correos intercambiados con un exenamorado con el que Zarlet se relacionó cuando ella tenía 15 años y él 24, quien además fue detenido por distribuir fotografías íntimas de la adolescente, refuerzan esta hipótesis.

A pesar de estos indicios, el Ministerio Público cerró el caso en tres oportunidades (en octubre de 2015, en enero de 2016 y enero de 2019), con el argumento de que la muchacha no fue víctima de una red de trata de personas, sino que en realidad habría huido con su enamorado. Gracias a la insistencia de la madre, la Fiscalía reabrió las investigaciones en dos ocasiones. Sin embargo, en esta última oportunidad ni siquiera le notificaron la decisión de cerrar nuevamente el caso, y le habrían rechazado un nuevo recurso de objeción.

Cabe recordar que no es la primera vez que la fuerza pública cierra una investigación de esta naturaleza con argumentos similares. Por ejemplo, en febrero de 2015 una adolescente de 14 años denunció haber sido raptada en La Paz junto con otras seis muchachas, a quienes trasladaron hasta un prostíbulo de Rurrenabaque (Beni); donde, según dijo, eran ultrajadas hasta por seis hombres al día. Un mes después, aprovechando el descuido de sus raptores, la adolescente logró escapar junto con otras tres muchachas. En aquella ocasión, el entonces ministro de Gobierno, Hugo Moldiz, “desmintió” a la muchacha, argumentando que no existía evidencia suficiente para sustentar su relato, y que en realidad todo apuntaba a que “había huido de su hogar” luego de una pelea con su progenitora.

Ambos casos ponen de relieve la importancia de investigar los presuntos casos de trata y tráfico de personas hasta resolverlos, y de evitar descalificar a quienes denuncian estos hechos. Ya que estas actitudes contribuyen a que delitos de esta naturaleza queden en la impunidad, pues desincentivan las denuncias de las presuntas víctimas y de sus familiares.

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