Editorial

Campo ferial

Hubiese sido mejor intentar una negociación para no afectar el patrimonio departamental.

La Razón (Edición Impresa)

01:56 / 16 de marzo de 2017

De nueva cuenta, la falta de institucionalidad en el Estado está produciendo conflictos; esta vez entre la Gobernación de La Paz y el Gobierno nacional, que acaba de recibir, a título gratuito, un terreno de casi 19.000 metros cuadrados que pertenecía al gobierno departamental y que servirá para construir un nuevo campo ferial, ofrecido por el Presidente del Estado.

En rigor, nada de malo tiene que se construya un campo ferial (será el “gemelo” del que existe en Bajo Següencoma, anunció un asambleísta departamental del MAS) en una ciudad que, además de ser una de las más grandes y pobladas del país, parece tener como su principal vocación el comercio. El problema viene del modo en que se ha enajenado ese patrimonio paceño.

En efecto, todo comenzó con el anuncio que hizo el Primer Mandatario en los actos de efeméride de El Alto, a inicios de este mes, cuando prometió la construcción de un campo ferial y pidió a la Asamblea Departamental de La Paz que se transfiriese el terreno a favor del Ministerio de Obras Públicas. El Legislativo departamental está dominado por el partido en función de gobierno, mientras que el Gobernador pertenece a uno de los partidos opositores: Sol.Bo.

Esta correlación de poder ha permitido que la transferencia de propiedad fuese una cuestión de mero trámite, cuando ayer, desde las 06.00, los asambleístas se reunieron y en una hora y media discutieron y aprobaron la transferencia de la propiedad del predio, cuyo valor se estima en $us 37 millones. Actualmente, el terreno alberga las oficinas de la Secretaría de la Madre Tierra, la Dirección de Personerías Jurídicas, unidades recaudadoras, talleres de mantenimiento y la radio Líder, también de propiedad del gobierno departamental. Esta radio denunció la noche del martes que sujetos vestidos de civil ingresaron a las oficinas del medio para hacer amenazas.

Esta particular circunstancia se ha producido, además de por la ya mencionada correlación de poder que favorece al MAS, por el hecho de que la institucionalidad es en tal extremo precaria que, desde el lado del Gobierno nacional, solo la voluntad del Presidente del Estado logra que se ejecuten obras de gran envergadura, lo que implica que el resto de las instituciones estatales únicamente se dedican a cumplir estas instrucciones, a menudo a cualquier costo.

Desde el lado del gobierno departamental, la situación es aún más precaria; pues, por segunda vez, el ejecutivo de la Gobernación recurre a una huelga de hambre de servidores públicos para intentar oponerse a una medida que considera contraria a los intereses del departamento. Mucho mejor hubiese sido intentar una negociación, pero para eso hacía falta que la Gobernación tuviese un proyecto para el terreno en disputa o siquiera la voluntad de encontrar un punto intermedio, a fin de no afectar el patrimonio del departamento.

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