Además de la ausencia de normas que regulen los casos de mala praxis médica en el país, existen vacíos legales respecto a los aranceles que los galenos pueden cobrar a sus pacientes, situación que previsiblemente va en desmedro de la economía de los ciudadanos comunes y silvestres.

Por ejemplo, debido a la ausencia de parámetros en esta materia que, de acuerdo con la Ley 3131, deberían ser establecidos por el Ministerio de Salud, el Colegio Médico de La Paz aprobó en 2016 su propio “tarifario”, según el cual la consulta de un subespecialista puede costar hasta Bs 780, y la de un especialista, hasta Bs 600. Esto sin contar el costo de los exámenes médicos.

Ahora bien, justo es reconocer que no todos los especialistas llegan a cobrar cifras tan elevadas, pero muchos sí lo hacen. Y para colmo de males, no son pocos los galenos que pese a cobrar estos montos exorbitantes por cada consulta no logran resolver las dolencias de sus pacientes, lo que los obliga a migrar a otros centros de salud más baratos en busca de soluciones para las dolencias que los aquejan, como bien ponen en relieve los testimonios publicados días atrás en este diario.

Ante esta evidente situación de desamparo, es de esperar que las autoridades del Ministerio de Salud redoblen sus esfuerzos para regular, de una buena vez, no solamente los aranceles médicos en el país, sino también los vacíos legales que impiden que las personas que reciben servicios de salud deficientes puedan al menos recuperar el dinero perdido.