Editorial

Accesibilidad

Es obligación del Estado garantizar que toda la población goce de los derechos en igualdad de condiciones.

La Razón (Edición Impresa)

23:58 / 04 de diciembre de 2017

En marzo de 2012 fue promulgada la Ley General para Personas con Discapacidad (Ley 223), cuyo objeto era garantizar “el ejercicio pleno de sus derechos” a esta población tradicionalmente vulnerable. Más de un lustro después sigue sin ser completamente aplicada, lo que explica las episódicas protestas de esta población exigiendo más y mejor atención del Estado.

Para muestra, basta un botón: muchas oficinas públicas, incluyendo varios ministerios, siguen incumpliendo la disposición contenida en la Ley 223 y en su decreto reglamentario, de febrero de 2014, de asegurar que no haya barreras arquitectónicas para el paso de las personas con discapacidad, como pudo constatar un periodista de este diario al elaborar un reportaje sobre el tema, publicado el domingo.

En efecto, un total de 18 instituciones, entre ellas 14 ministerios, visitadas por el periodista de La Razón sí cumplen con la norma, pero otras 12, entre las que están seis ministerios, no implementaron lo dispuesto por la norma. En muchas de estas oficinas públicas hay “explicaciones” para justificar este incumplimiento, siendo la más común la antigüedad de la edificación.

En los hechos esto significa que, por ejemplo, una persona en silla de ruedas no puede ingresar a oficinas tales como la Vicepresidencia del Estado, los ministerios de Gobierno, de Aguas, de Deportes, de Planificación, de Comunicación y de Culturas; tampoco al Comando General de la Policía ni a la Gobernación de La Paz o al Tribunal Departamental de Justicia o la Fiscalía.

En el sector privado la cosa no se ve mejor. Existen normas no solo nacionales, sino también locales (como la Ley Municipal 209, de 2016), que instruyen acondicionar el acceso a los edificios según las necesidades de las personas con discapacidad, pero exceptuando algunas de reciente construcción y muy pocas de antigua data, esta es una gran falencia de la arquitectura paceña. Ni siquiera las veredas son accesibles en la mayoría de las calles de la ciudad más importante del país.

No es la única población vulnerable que debe sufrir cotidiana discriminación de la sociedad, pero en su caso es particularmente doloroso, pues además de las múltiples formas en que son relegadas, la falta de accesos físicos es un recordatorio de su condición y de lo poco que el resto de las personas, comenzando por las y los servidores públicos, está dispuesto a ayudar.

Urge, pues, que el Estado, en todos sus niveles gubernativos, haga algo al respecto. Por un lado, porque es su obligación ser la instancia donde la ley se cumple a rajatabla; y por otro, porque es su obligación asegurar que toda la población goce de los derechos en igualdad de condiciones; y es obvio que al ni siquiera garantizar la accesibilidad de las personas con discapacidad a sus oficinas las están excluyendo de un modo que nadie quiere para sí o sus familiares.

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