Columnistas

La deuda pendiente del empresariado

¿Son realmente los tributos el principal motivo para que los emprendimientos tengan un ciclo corto en el país?

La Razón (Edición Impresa) / Víctor H. Morales Martínez

00:04 / 26 de junio de 2019

Cuando escuchamos hablar de deudas o deudores, muchos relacionamos el tema con el pago de impuestos; al parecer el eterno dolor de cabeza para quienes realizan emprendimientos productivos y comerciales en el país. Sin embargo, ¿es realmente la administración tributaria el principal motivo para que los emprendimientos productivos tengan un ciclo de vida de corto plazo en Bolivia?

En principio, tal parece que muchos analistas y empresarios no toman en cuenta los ajustes realizados a la normativa tributaria de los últimos años, que la hicieron más flexible en beneficio de los contribuyentes con deudas con el nivel Central. Un ejemplo de ello es la Ley N° 812, del 30 de junio de 2016, que realiza modificaciones sustanciales al Código Tributario Boliviano, entre ellas el cálculo de la deuda tributaria con la aplicación de un interés fijo por periodos (no mayor al 4% en los primeros cuatro años) en reemplazo de uno variable, que de entrada ponía en una situación de incertidumbre al deudor. La ampliación del plazo para otorgar facilidades de pago de 36 a 60 meses a través del DS 3442, del 27 de diciembre de 2017, es otro ejemplo de flexibilización en favor de quienes tienen deudas tributarias; y ni qué decir de los periodos de regularización establecidos recientemente.

Aun así, escuchamos propuestas para crear un “nuevo régimen especial para emprendimientos”, cuando uno de los principales problemas estructurales de nuestro sistema tributario vigente es precisamente la evasión y la falta de progresividad, relacionada en parte con los regímenes especiales, los cuales con seguridad surgieron de ideas bien intencionadas, pero que con el pasar de los años fueron distorsionando el modelo impositivo. 

Otro aspecto que al parecer tampoco se toma en cuenta es que, en los hechos, el sector empresarial goza de un tratamiento tributario preferencial a costa del resto de los contribuyentes. Dos momentos puntuales relativamente recientes corroboran esta afirmación. El primero data de la reforma tributaria del 29 de agosto de 1985, cuando el gobierno de Víctor Paz Estenssoro aplicó la llamada Nueva Política Económica (NPE), la cual, como parte de todo el paquete de medidas proempresariales implementado, condonó todas las deudas tributarias vigentes a esa fecha.

Un segundo momento de socorro tributario de claro beneficio para el sector empresarial se registró el 2 de agosto de 2003. En aquella ocasión, el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada aprobó el Código Tributario vigente, con la aplicación de una amnistía tributaria para los empresarios que no habían pagado sus impuestos en los últimos años. Según datos del Ministerio de Hacienda de entonces, hasta fines de 2002 las deudas tributarias de los empresarios sumaban cerca de $us 500 millones por impuestos no pagados, multas e intereses.

Considerando que ambas medidas fueron adoptadas en un momento político en el cual se otorgaba protagonismo y prioridad al sector privado para que invierta, ¿qué garantía puede haber ahora para que este sector deje su estado de letargo en el marco de un “nuevo régimen especial para emprendimientos” como se propone?

El factor fiscal (tributario) influye, sin duda, pero existen otros elementos de fondo por los cuales gran parte de la iniciativa privada en Bolivia no se encuentra a la altura de lo que se espera de ella; pues claramente ésta se caracteriza por su pasividad y volatilidad extrema, reflejadas en los montos de inversión, y en un análisis más profundo, en los sectores en los cuales se concentra. Dicho de otro modo, parece que solo las actividades que reportan ganancias “seguras” son de interés para la inversión privada, lo que a larga pone a un buen segmento del empresariado boliviano en deuda no con el fisco, sino con la sociedad y el país en su conjunto.

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