Columnistas

Los inversores exigen transparencia fiscal

La transparencia es hoy nuestra única oportunidad de restablecer la confianza en las instituciones democráticas. Incluso los fondos de inversión quieren más transparencia por parte de las multinacionales.

La Razón (Edición Impresa) / Daniel Bertossa

00:08 / 13 de abril de 2019

Quién sueña con poner fin a la cultura del secreto, a la opacidad de las cuentas de las empresas multinacionales y a las fortunas ocultas en los paraísos fiscales? Los sospechosos de siempre, por supuesto: los activistas de la justicia fiscal y las organizaciones de la sociedad civil /académicos, iglesias, sindicatos, enojados por revelaciones como las de los Papeles de Panamá o los Papeles de los Paraísos. Pero no solo ellos: un informe reciente publicado por el Global Reporting Initiative revela que los defensores más enérgicos de la transparencia fiscal son... los representantes de los fondos de inversión.

Y no estamos hablando de pequeños actores: los que están a favor de las normas voluntarias de información sobre la transparencia del impuesto de sociedades gestionan el equivalente a 10 billones de dólares, ¡cerca del 12% del producto interno bruto (PIB) mundial anual! Ellos saben que la falta de transparencia fiscal suele ocultar fracasos empresariales subyacentes. Si bien puede facilitar la entrega de primas a los ejecutivos, expone a los inversores a riesgos imprevistos y puede ocultar ganancias que deberían ser entregadas como dividendos. “Las estructuras organizativas y de propiedad complejas u opacas dificultan la transparencia y pueden comprometer el análisis financiero fundamental de los inversores”, escribió Norges Bank, uno de los pesos pesados del sector, en una carta dirigida a la Global Reporting Initiative.

Eso no es todo. Los inversores son conscientes de que las estrategias de las empresas para evitar el pago de sus impuestos, legales o no, tienen un alto coste social y humano, con repercusiones en las empresas. La caída de los ingresos públicos conlleva menos dinero para la educación, la asistencia sanitaria, los programas de reducción de la pobreza, las infraestructuras y la lucha contra el cambio climático. Y los estudios muestran que la inversión mundial depende en gran medida de una infraestructura pública de alta calidad y de una mano de obra sana y cualificada.

Y la evasión de impuestos está en aumento. Desde los años ochenta, se ha desarrollado una poderosa industria que permite a millonarios y empresas esconder su capital en paraísos fiscales. Unos 30 billones de dólares están actualmente escondidos allí, según cálculos de la Red de Justicia Fiscal. Esto es más del doble del PIB de la zona euro en su conjunto, o 150 veces la cantidad anual estimada por el economista Jeffrey Sachs para acabar con la pobreza extrema en todo el mundo.

Es evidente que los países del Sur son los mayores perdedores, ya que se ven privados de los fondos esenciales para el desarrollo. Según la última estimación de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), el costo regional de la evasión y elusión fiscal alcanzó un 6,3% del PIB en 2017, lo que equivale a $us 335.000 millones. Bolivia no estuvo ajena a este fenómeno, ya que entre 2001 y 2016 el traslado de capitales hacia paraísos fiscales creció casi 20 veces, de unos $us 50 millones a $us 989 millones

El mes pasado, la presidenta del Fondo Monetario Internacional (FMI), Christine Lagarde, dijo en un artículo de opinión ampliamente difundido que “la facilidad con la que las multinacionales parecen ser capaces de evitar los impuestos y la reducción de los tipos impositivos a las sociedades de las tres últimas décadas comprometen la fe en la justicia del sistema internacional”. En otras palabras, el sistema no solo es malo para los negocios y los trabajadores, sino que también es tóxico para la democracia.

Esto se debe a que el déficit de financiación creado por los evasores fiscales se compensa con unas mayores contribuciones de las clases media y trabajadora, lo que hace mucho más difícil para estos grupos ahorrar o acumular riqueza. El 1% más rico tiene ahora más riqueza que el resto del mundo en su conjunto, como Oxfam ha mostrado recientemente.

Cuando aumenta la desigualdad y no hay dinero para incrementos salariales o servicios públicos, la gente busca responsables: los migrantes, los refugiados, los desempleados y los beneficiarios de la asistencia social se convierten en chivos expiatorios fáciles. Las últimas elecciones en EEUU, Italia y Brasil, o incluso el brexit son buenos ejemplos.

En el centro del problema hay una cuestión simple: la falta de transparencia fiscal. Frente al descontento público, el G20 y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) han presionado para que aumente el intercambio entre las autoridades fiscales, incluyendo la presentación de informes de cada país sobre los beneficios y los pagos de impuestos de las mayores multinacionales.

Lamentablemente, esta norma solo se aplicará a las grandes multinacionales y sus informes no serán de acceso público, privándonos a todos de un recurso clave en la lucha por la justicia fiscal. No nos explican cuánto dinero se esconde en paraísos fiscales, cuánto saben nuestros gobiernos al respecto, o qué están haciendo para luchar contra él, si es el caso. Lo peor de todo es que estos intercambios dependen de las instituciones financieras (incluso en paraísos fiscales), a pesar de que precisamente muchas de estas instituciones son las que estaban ayudando a los clientes a esconder su dinero.

Como sostiene Lagarde, es necesario reescribir las reglas del sistema tributario mundial. Pero un debate democrático es imposible cuando se oculta información clave al público. Aun así, las empresas siguen resistiéndose incluso a las normas voluntarias. Sus principales argumentos son que el público podría sentirse confundido por la información y que producirla sería una carga. ¿Esperan que creamos que las grandes multinacionales no pueden realizar informes fiscales que contengan información que cualquier corporación prudente ya debería estar recopilando?

Las multinacionales deben dejar de impedir una mayor transparencia para que los gobiernos puedan desarrollar políticas fiscales que aborden las desigualdades, así como el populismo y el autoritarismo que se derivan de ellas. También es un imperativo para el crecimiento, ya que la inestabilidad política disuade a las empresas de invertir. La transparencia es hoy nuestra única oportunidad de restablecer la confianza en nuestras instituciones democráticas e incluso, simplemente, de preservarlas.

* Secretario general adjunto de la Internacional de Servicios Públicos (ISP), una federación sindical mundial que representa a 20 millones de trabajadores de la administración pública en 160 países; y copresidente de la Junta Directiva de la Comisión Independiente para la Reforma de la Fiscalidad Corporativa Internacional (ICRICT).

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