Columnistas

Otra injusticia MAS

La Razón (Edición Impresa) / Homero Carvalho Oliva

00:22 / 15 de febrero de 2020

En noviembre de 2012 estalló un escándalo en el ámbito judicial denominado por la prensa como “La red de extorsión”. Esta red involucraba a altas autoridades del gobierno del MAS, quienes, en complicidad con jueces y fiscales, manipularon los principales procesos en los que el Estado estaba involucrado, de manera real o forzada.  

Durante ese periodo, los componentes del abuso se volvieron clásicos: corrupción, tráfico de influencias, extorsión, chantaje, amedrentamiento, incumplimiento de deberes, enriquecimiento ilícito y otras cosas peores. Supuestamente esta red era coordinada desde la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Gobierno. Se sospecha que los operadores eran varios de los exministros que hoy están siendo investigados.

Cuando la fruta podrida cayó del árbol del poder porque ya no podía sostenerse más, el Gobierno se deshizo de los desechables y, como siempre, los principales culpables quedaron impunes. Uno de los casos que “administró” este consorcio fue el del empresario estadounidense Jacob Ostreicher, quien se hizo famoso porque manejo muy bien los medios de comunicación, al punto de traer al país al célebre actor Sean Penn.

A larga este caso, con toda su ficción y realidad, fue el que develó los secretos de la “red”. Sin embargo, existe al menos una víctima a quien el Estado boliviano y los medios de comunicación deberían desagraviar. Me refiero a Claudia Liliana Rodríguez Espitia, quien fue acusada de todos los males de la sociedad moderna: narcotráfico, asociación delictuosa y lavado de dinero.

¿Cuál fue el verdadero delito de Rodríguez Espitia, profesional formada en algunas de las mejores universidades de Europa y representante de inversionistas suizos? Primero que nada ser colombiana. Eso bastó para asociarla al tráfico de drogas. Luego, ser mujer y hermosa, condición que fue utilizada para especular sobre el origen de sus inversiones. Por último, no haber recurrido al compadrerío político para asegurarse que el poder respetara su emprendimiento privado. Rodríguez se negó a pagar las extorsiones que exigían los representantes del Gobierno y soportó 22 meses de cárcel.

Su proceso todavía sigue abierto pese a que un dictamen pericial, producto de una auditoría forense realizada por el IDIF concluyó que: “A partir de los resultados obtenidos (…) el patrimonio con el que cuenta la señora Claudia Liliana Rodríguez Espitia se justifica en razón a los vínculos financieros y comerciales existentes entre la involucrada y los recursos provenientes de la Unión de Bancos Suizo (UBS)”. Dictamen que sin embargo no sirvió para nada. Rodríguez se quedó a enfrentar a los demonios del mal, y ahora que se reveló todo, le debemos por lo menos una disculpa.

* Escritor.

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