Columnistas

El reto del secreto bancario

Abrir el secreto bancario  es una acción favorable a la transparencia del ejercicio del servicio público.

La Razón Digital / Rubén Atahuichi

07:13 / 07 de agosto de 2018

Cuánto tendrá Samuel Doria Medina en sus cuentas bancarias? ¿Estarán en el país? ¿Estarán afuera? A juzgar por las varias empresas de las que es accionista principal (Burger King, hotel Los Tajibos y hotel DM Andino, por citar algunas), deben ser millones y millones, que no los imaginamos. Si bien esos millones son suyos, seguramente están también a nombre de las firmas.

¿Interesa saber la cantidad de dinero que tiene el empresario y líder de Unidad Nacional (UN), partido de oposición? Quizás no; él no es funcionario, es solo dirigente político con interminables aspiraciones de un día llegar a gobernar el país, como varias veces lo intentó sin mayor éxito.

La Constitución Política del Estado garantiza el secreto bancario para ciudadanos particulares, y la Ley 004, de Lucha contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas, establece que “los servidores públicos podrán renunciar de manera voluntaria al secreto bancario” mientras dure sus funciones.

El jueves, la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) informó que levantó el secreto bancario del presidente Evo Morales y del vicepresidente Álvaro García, a solicitud de los mismos interesados. El resultado fue que Morales tiene Bs 732.076 en bancos y García, Bs 27.922.

La revelación causó inmediatamente reacciones y estupor, y quien expresó más interés en el asunto fue Doria Medina, cuyo comentario hasta rayó en la discriminación y la difamación. “El Sr. Presidente y el Sr. Vicepresidente jamás tuvieron el tipo de empresas e ingresos que necesitan cuentas bancarias. El 1ero, cocalero. El 2do terrorista. Al renunciar al secreto bancario no renuncian a nada. Puro bla bla (sic)”, escribió el jueves en su cuenta de Twitter.

“Doria Medina, el de los ‘narcovínculos’, que privatizó nuestras empresas, que desvió fondos de ‘Focas’, ahora reacciona a la defensiva con insultos y evasivas. Acostumbrado a decir ‘no’, ahora dice que ‘no’ quiere transparentar su fortuna mal habida”, replicó la ministra de Comunicación, Gísela López, a Doria Medina.

Si bien el empresario y político no está obligado a mostrar sus cuentas, muchos quisieran saber el origen de su dinero. Pero su correligionario Amilcar Barral se encargó de responder por él: “Samuel, cuando sea Presidente, lo va a hacer, porque esto es exclusivamente para funcionarios”.

Más allá del debate político que generó, la decisión de Morales y García, sumada a la solicitud del alcalde de La Paz, Luis Revilla, con el mismo propósito, plantea un desafío a la oposición que le pone reparos a esta cuestión. López y el ministro de Hidrocarburos, Luis Sánchez, también dijeron que abrirán sus cuentas al público, y con ellos, todo el gabinete de Morales.

El anuncio de la UIF coincide con el ambiente político caldeado por las movilizaciones ciudadanas y políticas que demandan el respeto a los resultados del referéndum del 21 de febrero de 2016, que evitaron la modificación de la Carta Magna para una eventual repostulación de Morales.

Salvo algunos legisladores como los senadores Óscar Ortiz y Arturo Murillo, que aparentemente no quieren seguir el camino de Morales, García, Revilla o los ministros, autoridades de la oposición no se hicieron eco de la decisión moral de levantar su secreto bancario.

Por más voluntario que sea, el abrir los movimientos financieros implica una acción favorable a la transparencia del ejercicio del servicio público.

Las reacciones en sentido de que lo de Morales y García es demagogia, que los cocaleros no tienen cuentas bancarias o que la corrupción esconde su dinero fuera de los bancos son un pretexto para evadir este imperativo moral. A ver cómo reaccionan, la sensatez obliga a hacer suyo también el desafío.

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