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Justicia

La discusión del Código es una oportunidad para mejorar la lucha contra el delito

La Razón (Edición Impresa) / Carlos Corz

08:46 / 09 de julio de 2017

Hace tres años, un 11 de octubre, Día de la Mujer, le robaron todo por lo que había trabajado casi su vida entera. Ese día quedó marcado y no duda en maldecir a quienes no solo le arrebataron lo material, sino también la tranquilidad en la que vivía. Desde entonces no es la misma persona, arrastra y seguro arrastrará por el resto de su vida un trauma psicológico.

Y es eso lo que también dejan los delitos contra las personas, independientemente de su gravedad y tipología. La Policía poco o nada hizo, menos la Fiscalía. Idas y vueltas a las oficinas policiales no dieron resultados y no pasó más allá de la denuncia. Se quedó entre los casos no esclarecidos que no figuran en las estadísticas policiales.

Ahora se trabaja en un nuevo Código Penal y es una oportunidad para mejorar no solo los mecanismos de lucha contra el delito, sino y sobre todo legislar sobre quienes lo operativizan, sean policías (investigadores), fiscales (directores funcionales de la investigación) o jueces (administran justicia), para que cumplan con su obligación, entendiendo que con menos delincuentes en las calles, habrá menos delitos.

Y más allá, establecer sanciones drásticas y ejemplarizadoras contra quienes incumplan sus obligaciones para con la sociedad, porque al final el daño por omisión o negligencia (léase complicidad) es contra todos. Este aspecto reviste singular importancia cuando en el último tiempo fueron descubiertos policías, fiscales y jueces comprometidos con delincuentes. Unos liderando bandas delictivas, y otros facilitando la liberación de prontuariados, hechos que seguro deben llamar la atención.

Entonces, las sanciones debieran estar medidas en función no solo del hecho, sino también del daño emocional, o peor aún, físico que dejan.

Recientemente fueron destituidos jueces y fiscales que condenaron a un inocente por feminicidio, pero no es suficiente y parece justo lo que exigió la víctima: que vayan a la cárcel (como a él lo enviaron, sin valorar las pruebas, sin cumplir su obligación). En otro caso, un juez sentó a una niña violada junto a su violador. Aquí solo queda preguntar,  ¿en manos de quienes estamos (incluyo a todos)?

Los legisladores tienen una oportunidad en momentos en los que discuten el futuro nuevo Código Penal para mirar la obvia realidad y generar mecanismos para que la “Justicia sea justicia” y la investigación, un proceso científico medido por resultados contrastados entre lo esclarecido y los casos irresueltos. El artículo 402 de la norma en discusión habla de plazos y se incluyen sanciones para los malos operadores judiciales. Cabe esperar que estén al nivel (drasticidad) de nuestra realidad.

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