Columnistas

Monopolio de la verdad

No hay interlocutor ni contraparte del anterior oficialismo que contrarresten esta serie de acusaciones.

La Razón (Edición Impresa) / Rubén Atahuichi

00:04 / 24 de diciembre de 2019

El país vive un ambiente enrarecido desde la “resolución” de la crisis, tras la renuncia de Evo Morales y la asunción “ipso facto” de Jeanine Áñez, hace más de 40 días. El Gobierno transitorio comenzó con señales muy duras, como el anuncio del ministro de Gobierno, Arturo Murillo, de “cazar” a quienes estén convulsionando el país. O la advertencia de su colega de Comunicación, Roxana Lizárraga, de enjuiciar a los “pseudoperiodistas”, extranjeros o bolivianos, que promuevan la sedición (tres periodistas abandonaron el país horas después de esas declaraciones).

Sin pretender menospreciar el posible vínculo de exfuncionarios con hechos de corrupción o irregularidades registradas en el anterior gobierno, algunas autoridades de la nueva administración han mostrado actitudes policíacas, al denunciar malos manejos y anunciar procesos contra sus antecesores. No es una exageración, día a día denuncian una y otra irregularidad con procesos de por medio. A su vez, la presidenta Áñez no deja de llamar dictador a Evo Morales, o se refiere a la “dictadura de 14 años” cuando menciona sus anteriores periodos de gobierno; aunque representantes de éste tampoco dejan de citarla como presidenta “autoproclamada”, a cargo de un “gobierno de facto”.

No hay interlocutor ni contraparte del anterior oficialismo, salvo timoratas excepciones, que contrarresten esta serie de acusaciones. Quizás tengan algo que decir, más aún tratándose de sindicaciones tan graves en su contra; pero hasta resultan fuentes poco creíbles, debido a razonables cuestionamientos, y ante la ola de mensajes gubernamentales que describen que lo anterior a Áñez fue nefasto. Desde hace varias semanas Bolivia Tv, ahora en manos del nuevo Gobierno, se dio a la tarea de difundir en quechua, aymara y español las declaraciones del secretario general de la OEA, Luis Almagro, sobre el “fraude” ocurrido en las elecciones de octubre, y ahora está en campaña por qué Bolivia “recuperó” su democracia.

A su vez el Ministro de Gobierno quiere convencer al país de que lo ocurrido en Sacaba (Cochabamba) y en Senkata (El Alto) fue una necesaria acción policial-militar, ante la “agresión” del “terrorismo” y la “subversión”. En ambos hechos al menos 19 personas fallecieron por impactos de bala; sin embargo, el ministro de Defensa, Fernando López, dijo que en El Alto no salió “ni un proyectil” del Ejército. En ambas operaciones hubo militares pertrechados con armas letales. Las imágenes son elocuentes, pero el Ministerio Público concluyó que las muertes no fueron causadas por armas de uso convencional; aunque no explicaron las razones de los fallecimientos ni tampoco identificaron a los posibles autores de los hechos.

A su vez los representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que llegaron al país a investigar estos hechos concluyeron que hubo graves violaciones de derechos humanos en las “masacres” de Sacaba y Senkata. Pese al alto costo de vidas, el Gobierno transitorio y la misma Presidenta se jactan en señalar que con esas acciones se logró pacificar el país, al considerar que fueron neutralizados movimientos “terroristas”.

Nadie del gobierno anterior pudo decir algo sobre las denuncias de que Entel fue la “caja chica” del MAS, o que el 75% de las carreteras construidas en los periodos de Morales están mal hechas. Cuando el presidente destituido de YPFB dijo que la petrolera estatal estaba en quiebra, tampoco hubo réplica, sino solo una aclaración del gobierno de Áñez en sentido contrario, anunciando la destitución del funcionario que había sido designado pocos días atrás.

Deben pasar el centenar los funcionarios del gobierno de Morales acusados o detenidos por distintas denuncias. Se defienden de un Ministerio Público y de una Justicia raramente atentos a la demanda del Gobierno, que arguye que “ahora actúan bajo la ley”. Otros tantos acusados o encarcelados detractores de Morales comienzan a salir de las cárceles o vuelven al país.

El ímpetu informativo se preocupa más por estas noticias que, por ejemplo, del relato o la precisión de los hechos y número de muertos en Sacaba y Senkata. Los ejemplos, en corto tiempo, son innumerables. Así, la verdad es unilateral, peligrosa para la democracia, las libertades y la sociedad.

* Periodista.

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