Columnistas

Europa debe proteger a los periodistas

Si los informadores no pueden trabajar de manera libre y segura, las fuerzas antidemocráticas prosperarán.

La Razón (Edición Impresa) / Dunja Mijatović*

00:00 / 13 de mayo de 2018

Los brutales asesinatos de los periodistas de investigación Daphne Caruana Galizia y Jan Kuciak nos recuerdan trágicamente que Europa sigue siendo un lugar peligroso para los periodistas. La manera en que los Estados europeos respondan a estos asesinatos moldeará no solo el futuro de la prensa, sino también el de nuestras democracias.

Basta echar un vistazo a los datos disponibles para comprender la gravedad de la situación. Solamente en los últimos 12 meses, seis periodistas fueron asesinados, la mitad de ellos en la Unión Europea. Desde 1992, más de 150 periodistas han sido asesinados en nuestro continente, uno cada dos meses. Algunos cubrían guerras, pero la mayoría fueron asesinados mientras trataban de iluminar los rincones oscuros donde confluyen la corrupción, el crimen y la política. Muchos de ellos solicitaron protección policial, pero las autoridades estatales ignoraron dichas solicitudes.

Si los asesinatos representan la forma más extrema y más visible de silenciar a los periodistas, existen también otras amenazas perniciosas y menos notorias que afectan igualmente las libertades y la seguridad de los periodistas en Europa. Un informe publicado recientemente por el Index on Censorship y la Federación Europea de Periodistas muestra que 220 periodistas fueron detenidos o arrestados en 2017 y que hubo más de 1.000 casos de limitaciones a la libertad de prensa, a menudo a manos de agentes estatales. Desde 2015, el Consejo de Europa ha recibido más de 160 alertas de ataques, acoso e intimidación contra periodistas; y una encuesta de 2017 muestra que muchos periodistas recurren a la autocensura para evitar problemas.

Esta atmósfera tóxica envenena la democracia. Los ataques contra periodistas, ya sean destacados reporteros de investigación o freelances precarios, van siempre más allá del caso individual y nos conciernen a todos. Si los periodistas no pueden trabajar de manera libre y segura, se hace más difícil el poder sacar a la luz las violaciones de los derechos humanos, la corrupción o el abuso de poder. El público recibe menos información de la que necesita para participar activamente en el proceso de toma de decisiones. Y las fuerzas antidemocráticas prosperan.

Es por eso que la libertad de prensa constituye un derecho humano bien asentado en los tratados internacionales, las leyes nacionales y las constituciones. Tal y como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha subrayado en varias de sus sentencias, los Estados tienen la obligación de defenderlo y de proteger la vida de los periodistas. En caso de que no la protejan, los Estados siguen teniendo la obligación de llevar a cabo investigaciones efectivas sobre los homicidios y castigar a los culpables.

Lamentablemente, los Estados europeos muy a menudo no cumplen con dichas obligaciones. Tomemos como ejemplo las investigaciones de los crímenes contra periodistas. A menudo se prolongan durante años y, aunque a veces se lleva ante la Justicia a los culpables materiales, raramente se castiga a los inductores de tales crímenes. Tal fracaso inflige un dolor adicional a los periodistas y a sus familias, y fomenta una sensación de impunidad que allana el camino para nuevos ataques.

Si a los Estados les preocupa la democracia y el Estado de derecho, deben volverse más serios en la implementación de los estándares de derechos humanos que han adoptado sobre la seguridad de los periodistas y otros actores de los medios de comunicación. Deben pasar a la acción. Un punto de partida es la recomendación de que los 47 Estados miembros del Consejo de Europa (que incluyen a todos los países de la UE) firmaron en 2016. El texto proporciona medidas concretas para cumplir con el deber de los Estados de proteger la vida de los periodistas y poner fin a la impunidad de los crímenes cometidos contra ellos.

Tres son las medidas que considero que los Estados pueden y deben adoptar a corto plazo. En primer lugar, garantizar la protección. La Policía y los agentes del orden público no deben pasar por alto las amenazas contra los periodistas ni descuidar las solicitudes de protección. Algunos países cuentan con una buena experiencia sobre cómo garantizar la protección policial y deben compartirla con los demás. El aumento de la cooperación con organizaciones internacionales, organizaciones de periodistas y observatorios independientes sobre la violencia contra periodistas también ayudaría a aumentar la capacidad de los Estados para proteger a los periodistas en una primera etapa.

En segundo lugar, terminar con la impunidad. La Policía y el Poder Judicial deben poder investigar todos los casos de violencia contra periodistas, incluidos los que involucran a agentes estatales, y enjuiciar a los perpetradores. Esto requiere una fuerza policial bien entrenada y efectiva, y un sistema judicial verdaderamente independiente, libre de influencia política y capaz de perseguir a las más altas esferas del Estado si es necesario.

En tercer lugar, cambiar la legislación. El legislador debe adoptar leyes que protejan a los periodistas y que los defiendan contra presiones indebidas. Con respecto a la difamación, se debería despenalizar por completo, prever solo sanciones civiles proporcionadas y penalizar a quienes abusen de las denuncias por difamación para silenciar a los periodistas. Además, las leyes que abordan la desinformación, el terrorismo o las cuestiones de seguridad no deben limitar las libertades y la seguridad de los periodistas.

Estas medidas son posibles en la medida en que haya voluntad política. Y aquí llegamos al meollo de la cuestión. En el mejor de los casos, muchos políticos permanecen indiferentes ante las amenazas a los periodistas. En el peor, instigan la violencia e infunden desconfianza hacia la prensa. Esta actitud hostil debe cambiar: los políticos deben proteger la libertad de prensa, no enterrarla.

Los asesinatos de Daphne Caruana Galizia, Jan Kuciak y muchos otros periodistas no fueron fruto del azar, sino que se debieron a deficiencias estructurales en las instituciones del Estado que deberían haberlos protegido. Esta situación pone en peligro, tanto a los periodistas como a la democracia. Ya es hora de que los Estados lo reconozcan y garanticen la seguridad de los periodistas y del resto de actores de los medios de comunicación.

* es comisaria del Consejo de Europa para los Derechos Humanos.

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