Columnistas

Los campesinos y los derechos humanos

El derecho de los indígenas y campesinos a la tierra se encuentra seriamente amenazado por las grandes empresas.

La Razón (Edición Impresa) / Nardi Suxo Iturry

00:01 / 10 de octubre de 2018

El 28 de septiembre, con 33 votos a favor, tres en contra y 11 abstenciones, el Consejo de Derechos Humanos (CDH) de la ONU adoptó oficialmente la Declaración de los Derechos de los Campesinos y otras Personas que Trabajan en Zonas Rurales. A pedido del movimiento internacional Vía Campesina, el Estado Plurinacional de Bolivia ocupó la presidencia del grupo de trabajo (que contó con la importante participación de las delegaciones de Sudáfrica, Ecuador y Cuba) para elaborar, negociar y presentar al CDH un proyecto de declaración.

Vía Campesina Internacional solicitó a Bolivia su apoyo porque el presidente Evo Morales fue uno de sus miembros fundadores. Conjuntamente con esta organización se elaboró una propuesta que recoge el trabajo del Grupo Asesor, la cual recomienda al CDH adoptar un instrumento internacional que proteja los derechos de este sector que por siglos ha sido discriminado. Este estudio demostró que el 80% de las personas que pasan hambre viven en las áreas rurales, y que el 50% son pequeños productores.

No fue un camino fácil, la posición de los Estados comprometidos con un modelo capitalista conservador no les permitió ver la importancia de proteger a los pequeños productores para luchar contra la pobreza de manera efectiva. Para Bolivia, esta declaración es importante porque va de la mano con nuestra Constitución Política del Estado y la legislación nacional. Muchos de los conceptos de este instrumento internacional (que constituye un aporte histórico desde Bolivia, cumpliendo el postulado de la diplomacia de los pueblos) tienen su base en estas normas.

La parte central de esta declaración recuerda que los derechos colectivos son inherentes a la vida, costumbres y medios de producción de los campesinos; y que además resultan esenciales para la protección de la biodiversidad del planeta. Principios a los que el derecho individual tradicionalmente ha pretendido sobreponerse.

En todo momento, Vía Campesina reivindicó el derecho a la soberanía alimentaria, definido como “el derecho (a tener acceso) a alimentos nutritivos y culturalmente adecuados, producidos de forma sostenible y ecológica (…) y a decidir su propio sistema alimentario y productivo”. Esta visión pone “a aquellos que producen, distribuyen y consumen alimentos en el corazón de los sistemas y políticas alimentarias por encima de las exigencias de los mercados y las empresas”. En este sentido, este derecho está estrechamente relacionado con la seguridad alimentaria y los medios de producción.

También se reivindicó el derecho de los indígenas y los campesinos a la tierra, el cual se encuentra amenazado en varios países por la creciente incursión de grandes empresas que utilizan la tierra para cultivos comerciales agroindustriales y la expansión del área urbana. Producto de estos negocios, muchos campesinos han visto limitado su acceso a la tierra o se han visto despojados de sus tierras comunitarias de origen. Como dice el ex relator especial sobre el Derecho a la Alimentación Jean Ziegler, “la tierra es uno de los elementos necesarios para erradicar el hambre”. Desde 2006, en Bolivia se han titularizado cerca de 16,7 millones de hectáreas a favor de los pequeños productores, y se han emitido más de 100.000 títulos, al menos el 40% de éstos a nombre de las mujeres.

Respecto de los cultivos, huelga recordar que cerca del 60% de semillas en el mundo son elaboradas por cuatro empresas, e igual número de firmas controlan el 60% de los agroquímicos. Y para agravar la situación, los cultivos genéticamente modificados impiden la utilización de las semillas para los próximos cultivos. Y a raíz de este hecho los campesinos se ven obligados a comprar semillas transgénicas, adquiriendo créditos para tal efecto. No obstante, muchos de ellos, al no poder honrar sus deudas, han perdido sus tierras y se han visto forzados a abandonar sus comunidades y trasladarse a las grandes ciudades, en las que viven en condiciones de miseria, víctimas de actos de racismo y discriminación que muchas veces los inducen incluso hasta el suicidio. Se estima que cerca de 200.000 campesinos han tomado esta trágica decisión por causa de las deudas contraídas. Adicionalmente, esta situación pone en riesgo la soberanía alimentaria, la diversidad, la calidad de los alimentos y al medio ambiente. Por ello, la declaración establece el acceso a las semillas como un derecho fundamental para los campesinos.

En los últimos años, desde la misión de Bolivia en Ginebra hemos apoyado diferentes acciones en favor de esta declaración, además de lograr que España, Suiza y Portugal se sumen a esta propuesta; y ahora esperamos que la Declaración de los Derechos de los Campesinos se apruebe en la Asamblea General de las Naciones Unidas.

* Abogada; fue presidenta del Grupo de Trabajo para la Declaración de los Derechos de los Campesinos y otras Personas que Trabajan en Zonas Rurales.

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