Los presos como el expresidente de YPFB Santos Ramirez, el exprefecto Leopoldo Fernández, entre otros deberán abandonar en un plazo de seis meses la “exclusiva” sección La Posta, en el penal de San Pedro, y pasar a formar parte de la población carcelaria común. La Posta será habilitada para presos preventivos menores de 21 años, lo que desató un conflicto en el recinto.

El director de Régimen Penitenciario, Ramiro Llanos, informó sobre la decisión asumida,  que desató protestas en las puertas del penal de los padres de familia de los primeros 42 menores con detención preventiva que fueron retirados del centro de reclusión juvenil Kalahuma, en Viacha, para ser internados en San Pedro.

La Posta es una de las secciones “exclusivas” en la que están los detenidos preventivos que cuentan con el suficiente dinero como para pagar por una celda entre 3.000 a 15.000 dólares. En las últimas semanas se denunció sobre la construcción de nuevas celdas en esa sección y que se pedía hasta 10 mil dólares por celda.

Uno de los jóvenes reclusos expresó su preocupación porque no fueron bien recibidos en el penal y denunció que fueron objeto de maltratos. “Estamos preocupados porque fuimos movidos de un lugar donde había espacio”, explicó a un periodista de la red Erbol, que estuvo en el lugar de los hechos. El periodista también señaló que hay descontento en la población carcelaria. 

Los 42 privados de libertad menores de 21 años ya cuentan con una ubicación dentro de la sección La Posta, por lo que, por el momento no fueron afectados los actuales inquilinos que tienen, sin embargo hasta seis meses para pasar a la población carcelaria común, de acuerdo a la resolución de Régimen Penitenciario, dependiente del Ministerio de Gobierno.

Progresivamente serán trasladados a La Posta los internos menores de edad de la población carcelaria. Familiares de los 42 jóvenes rechazan la iniciativa porque consideran que sus hijos no podrán reinsertarse a la sociedad porque estarán relacionados con delincuentes comunes.

En la "exclusiva" sección están detenidos personas como Fernández, acusado por los hechos de violencia y las muertes de septiembre de 2008 en Porvenir, Pando, y Ramirez, acusado de hechos de corrupción en la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).