Demanda Marítima

Desaparición forzada rige en el código

La legisladora asegura que está vigente la legislación sobre delitos de lesa humanidad.

Desaparición forzada rige en el código

Desaparición forzada rige en el código

La Razón (Edición Impresa) / Betty Yañíquez / La Paz

02:30 / 08 de noviembre de 2017

Con la nueva Constitución Política del Estado se dejó en el pasado el modelo de estado colonial, republicano, para avanzar hacia un Estado unitario, social de derecho, plurinacional comunitario, lo cual generó un nuevo pacto social revalorizando los derechos de ciudadanas y ciudadanos.

Y necesariamente se tenía que trabajar en un nuevo Sistema Penal Boliviano acorde a la nueva Constitución y a la realidad e idiosincrasia de nuestro pueblo, es también una respuesta a las demandas que se realizaron en diferentes cumbres de justicia en todo el país, que plantearon líneas concretas que se constituyen en los fundamentos del Nuevo Código del Sistema Penal Boliviano.

Esto denota que es el Gobierno actual el que impulsa la tarea de elaborar nuevas disposiciones legales, que constituyen los códigos morales, a fin de que las solicitudes de la población sean atendidas y estén acordes a la realidad que vivimos y no como anteriormente teníamos burdas copias de modelos tipos relacionados con otras realidades que no responden a nuestro contexto social. Se trabaja en una ley hecha por bolivianos y para los bolivianos.

En ese sentido, es necesario aclarar que siendo respetuosos de las luchas de las organizaciones de los derechos humanos que claramente están establecidas en convenciones internacionales que Bolivia ha suscrito, o en algunos casos se ha adherido, de ninguna manera se ha eliminado el delito de la desaparición forzada puesto que esta figura penal se encuentra tipificada dentro del artículo 81 numeral 4 del proyecto de ley del Código de Sistema Penal, si bien el delito no está como un delito autónomo, forma parte de los crímenes de lesa humanidad.

Dicha disposición establece que comete un crimen de lesa humanidad la persona que, en el marco de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque, incurra en alguno de los actos siguientes, como la desaparición forzada de personas, que es entendida como la aprehensión, la detención o el secuestro de personas por un Estado o una organización política, o con su autorización, apoyo o aquiescencia; seguido de la negativa a admitir tal privación de libertad o dar información sobre la situación o el paradero de esas personas, con la intención de dejarlas fuera del amparo de la ley por un periodo prolongado.

En el Código Penal vigente este delito está incluido mientras que en el proyecto está inmerso en el tipo penal de crímenes de lesa humanidad porque se considera un crimen contra la humanidad, no importando dónde suceda ni la cantidad de víctimas de ese delito, ni si se lo comete en época de guerra o paz. Un crimen puede ser de lesa humanidad aunque afecte a una sola persona.

Dando estricto cumplimiento y siendo respetuosos con lo dispuesto por los miembros de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que establece la obligación del Estado parte del sistema interamericano de protección de derechos humanos de tipificar este delito en su derecho interno, conforme a estándares internacionales.

Siendo que no se ha eliminado este ilícito del proyecto de ley de ninguna manera entorpecería el trabajo de la Comisión de la Verdad, más al contrario dará lugar a que su tarea tenga el final esperado.

De igual forma, si bien el tipo penal del proxenetismo no se encuentra como una figura autónoma, de ninguna manera fue eliminado del proyecto del Código del Sistema Penal, como se puede verificar en el artículo 88 que dispone que será sancionada con prisión de siete a 12 años y reparación económica la persona que, por sí o por terceros, capte o transporte, traslade, prive de libertad, acoja o reciba personas con fines como: la explotación sexual o la prostitución forzada.

En vez de preocuparnos por la eliminación de delitos deberíamos reconocer que esta norma incorpora innovaciones, entre las cuales se da lugar a la protección de la víctima, puesto que en el código vigente no hay un equilibrio entre víctima y victimador, teniendo este último mayores facilidades para afrontar un proceso, lo que no ocurre con la víctima.

  • Betty Yañíquez es diputada del Movimiento Al Socialismo (MAS)

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