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El oficialismo destaca al menos siete avances en el nuevo Código Penal

Por ejemplo, no habrán actas circunstanciadas, sino grabaciones de audiencias; y los pedidos de las partes serán resueltos en audiencia, previa solicitud mediante un formulario simple.

El frontis del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz. Foto: La Razón - archivo

El frontis del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz. Foto: La Razón - archivo

La Razón (Edición Impresa) / Ibeth Carvajal / La Paz

11:14 / 19 de enero de 2018

Audiencias orales, sanción por suspenderlas, uso de varias medidas cautelares, rediseño institucional, protección a la víctima, justicia restauradora, diferenciar entre crimen, delito y falta, son avances del Código del Sistema Penal, defiende el oficialismo.

La senadora oficialista Adriana Salvatierra explicó que existe una justicia basada en memoriales, lo que genera una “justicia burocrática y de papel”. En la nueva norma se plantean audiencias orales en toda actividad procesal.

Indicó que no habrán actas circunstanciadas, sino grabaciones de audiencias; y los pedidos de las partes serán resueltos en audiencia, previa solicitud mediante un formulario simple.

El segundo avance son las sanciones por la suspensión de audiencias. Si no asiste el imputado, se continúa el proceso; si es el abogado defensor es el que falta, se lo reemplaza con el Defensor Público y es pasible a sanciones del Colegio de Abogados.

Si no se presenta el querellante, la audiencia la continúa el fiscal; si es el fiscal el faltón, se lo trae con la Policía; y si es el juez quien no acude, la falta es causal para su destitución.

El tercer progreso es el empleo de las medidas cautelares para evitar el uso excesivo de la detención preventiva. La legisladora detalló que en el nuevo Código se plantea la vigilancia electrónica, la retención de documentos, el arraigo, las fianzas, prohibirle que se comunique con determinadas personas y la detención domiciliaria.

La cuarta mejora es el rediseño institucional: se propone la conformación de un Colegio de Jueces; y que la Fiscalía atienda obligatoriamente los crímenes.

Se creará un grupo de investigación policial; institutos privados serán acreditados por el Instituto de Investigaciones Forenses.

El quinto avance es la protección de la víctima: habrá una diversificación de opciones para resolver conflictos; se devolverán documentos personales y se dispondrá la desocupación del domicilio conyugal para víctimas de violencia. También se plantea una fianza real y sanciones reparadoras para asegurar la compensación del daño a la perjudicada.

Sexto progreso es la creación de una oficina gestora de audiencias para orientación ciudadana; y otra de supervisión de sanciones y medidas alternativas, para consolidar una justicia restauradora. 

El último avance son las diferencias entre crimen, delito y falta. Las sanciones para los que cometen un crimen son varios años de cárcel; en caso de un delito, se plantean medidas reparadoras y la privación de libertad; y ante una falta, quien decidirá es un Juzgado Especial de Faltas, máximo en un sola audiencia.

“Lo útil es trasladar este debate a la ciudadanía; no se hizo antes porque pensábamos que asumiendo discusiones sectoriales y con instancias representativas era suficiente”, sostuvo Salvatierra.

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