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Mesa: El Gobierno negoció con Quiborax una decisión de la justicia boliviana

El expresidente dijo que la Procuraduría General del Estado negoció con la firma chilena el retiro de una acusación por falsificación que pesaba contra su principal ejecutivo, Allan Henry Isaac Fosck Kaplu.

Carlos Mesa

Carlos Mesa Foto: archivo/La Razón

La Razón Digital / R. Ariñez/B. Montero / La Paz

13:17 / 11 de julio de 2018

El expresidente Carlos Mesa, acusado por la perdida de $us 42,6 millones por el arbitraje que ganó la empresa chilena Quiborax, denunció este miércoles que el Gobierno, representado por la Procuraduría General del Estado, negoció con esa firma una decisión exclusiva de la justicia boliviana para levantar la acusación por falsificación que pesaba sobre su principal ejecutivo, el chileno Allan Henry Isaac Fosck Kaplu.

Recordó que, además de Fosck, otras siete personas eran procesadas en este caso y que su socio de la firma Non Metallic Minerals S.A (NMM), David Moscoso Ruiz, ya se había declarado culpable de la falsificación. Lo hizo en agosto de 2009 para acogerse a un juicio abreviado en el que resultó condenado con sentencia ejecutoriada a 2 años de prisión, aunque obtuvo el perdón judical tras pagar Bs 1.000.

El documento falsificado sirvió, dijo Mesa, para justificar que la sociedad NMM- Quiborax tenía una composición accionaria con mayor presencia extranjera, lo que al final le permitió acudir al Centro de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) para demandar a Bolivia y lograr el pago de una compensación de $us 42.6 millones. Las empresas locales no tienen esa posibilidad.

A principios de mayo de este año el Ciadi falló en contra de Bolivia y ratificó el laudo arbitral que le obligaba a pagar $us 48,6 millones a la firma chilena Quiborax por la reversión, en el gobierno de Carlos Mesa, de una concesión en el salar de Uyuni para la explotación de ulexita.

Entonces la Procuraduría General del Estado hizo saber que negociaba una rebaja en este pago, lo que se concretó el 7 de junio con la firma de un acuerdo entre el Gobierno y Quiborax que ndefinió el pago de $us 42.6 millones. Mesa dijo que esto estuvo condicionado al sobreseimiento de Fosk en el proceso que se le seguía por el mismo delito que cometió su socio sentenciado David Moscoso.

Dos días antes de la firma del acuerdo de pago a Quiborax, el fiscal departamental de La Paz, Edwin Blanco Soria, autorizó que se retire la acusación presentada contra Fosk y otras siete personas por los delitos de falsedad ideológica, uso de instrumento falsificado, incumplimiento de deberes y estafa.

Para el expresidente, estos hechos demuestran claramente que la Procuraduría negoció con la firma chilena una decisión de la justicia boliviana.

“La condición que puso Quiborax para aceptar el acuerdo con Bolivia es que se saque del juicio a Allan Fosck, es decir que nuestra justicia condena a David Moscoso a dos años de cárcel y, en el mismo caso, sobresee al señor Allan Fosck. Y quien se compromete a que eso ocurra es la Procuraduría General del Estado. ¿Puede comprometerse el Poder Ejecutivo a algo que le corresponde al Poder Judicial? Eso demuestra claramente que quien controla el Poder Judicial es el Poder Ejecutivo”, concluyó.

Bolivia y la sociedad Quiborax S.A. - Non Metallic Minerals S.A. (NMM) se confrontaron en un arbitraje internacional en el Ciadi por la “irregular revocatoria” de concesiones mineras a la empresa boliviana (con mayoría de capitales chilenos) Non-Metallic Minerals S.A., en 2004, durante el gobierno del ex presidente Mesa.

Mientras que el Ejecutivo ponderó el “ahorro” que representa al Estado el pago de $us 42 millones, “lo que le significó un ahorro de US$108 millones (72%), frente a la pretensión inicial de US$150,8 millones de Quiborax y NMM”, informó la Procuraduría, el exgobernante acusó al Gobierno de hacer una mala defensa en esta caso que se podía zanjar con la denuncia de la conformación ilegal de la sociedad Quiborax S.A. y Non Metallic Minerals S.A. (NMM).

Mesa explicó que el 11 de septiembre de 2001, el 100% de los propietarios de Non Metallic Minerals S.A. (NMM) eran bolivianos, un aspecto que le impedía enjuiciar al Estado boliviano en el ámbito internacional.

“La única posibilidad que tenía esa empresa de llevar a Bolivia al Ciadi era demostrar que la mayoría de las acciones era chilena y en consecuencia incluyeron (en el juicio) la acta legal y falsificaron un acto con fecha 13 de septiembre de 2001. Esa acta falsificada establecía de manera falsa que el 51% de las acciones pertenecían a Allan Fosck y a Quiborax”, sostuvo.

“Con esa acta totalmente trucha es que presentan la demanda ante el Ciadi. Esta es la única razón y la única explicación para entender cómo es posible esta vergüenza y esta barbaridad. Que unos falsificadores, el señor Allan Fosck y el señor David Moscoso, acaban recibiendo 46,2 millones de dólares después de cometer un delito”, añadió.

La denuncia penal por falsificación contra los socios de la transnacional boliviano-chilena fue retirada el 5 de junio de 2018 por el fiscal Departamental Edwin Blanco, de acuerdo a un documento al que accedió el diario El Deber.

Al día siguiente, el Tribunal Cuarto de Sentencia consideró el caso y los jueces absolvieron en su sentencia a Julio Fernando Rojas Herrera, Dolly Paredes Mancilla, María Fernández Salinas, Yuri Espinoza Salles, María Ballivián Ascarrunz, Ernesto Ossio Aramayo, Tatiana Terán y Allan Fosck Kaplun, los que estaban acusados de cuatro delitos, cita el mismo diario.

Asimismo, el tribunal advirtió que el juicio podría continuar con la acusación particular de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Empresas (AEMP), pero esta repartición también desistió de la denuncia.

“Quiero dejar esto establecido para que la gente sepa de qué estamos hablando, del tamaño vergonzoso que yo no he visto en mi vida de una acción de un gobierno que justifica las barbaridades que describo acusándome a mí”, reclamó Mesa.

La Fiscalía presentó el lunes al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) la proposición acusatoria contra el expresidente para un juicio de responsabilidades tras hallar “materia justiciable” en el caso.

La repartición judicial analizará el pedido desde la próxima semana y luego pasará el trámite a la Asamblea Legislativa Plurinacional, dominada por el gobiernista Movimiento Al Socialismo (MAS), que debe aprobar o rechazar el juicio.

Pero Mesa ya se siente enjuiciado por un afán político y para, aseguró, encubrir a los verdaderos responsables, entre ellos el procurador Pablo Menacho y los ministros de Justicia y Transparencia Institucional, Héctor Arce, y de Minería y Metalurgia, César Navarro. (11/07/2018)

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