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Observan riesgos de falta de ‘independencia e imparcialidad’ en postulación de Suxo a CorteIDH

La conclusión es de un panel de evaluación que emitió su informe  tras la evaluación a las candidaturas a ocupar el cargo de juez en la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Nardy Suxo, la segunda de la derecha, en el foro de candidatos a juez de la Corte IDH, en Washington.

Nardy Suxo, la segunda de la derecha, en el foro de candidatos a juez de la Corte IDH, en Washington. Foto: @cejil

La Razón Digital / Carlos Corz / La Paz

10:31 / 01 de junio de 2018

El panel que evaluó la postulación de la exministra Nardy Suxo y de otros aspirantes al cargo de juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) concluyó, en el caso de la boliviana, que por su “afiliación” con el Gobierno “podría existir una posible falta de independencia e imparcialidad” y lamentó que no se haya mostrado dispuesta a una entrevista con los miembros que la evaluaron.

En contraposición, destaca que “aportaría gran valor en los ámbitos geográfico y de diversidad de género, y posee experiencia en la protección de los derechos de poblaciones campesinas, de las comunidades indígenas y en los derechos de las mujeres y los niños y niñas”, pero también menciona riesgos porque no tiene “conocimiento y experiencia” en actividades judiciales vinculadas a ese organismo.

La conclusión está contenida en el denominado Informe final del panel independiente para la elección de jueces y juezas para la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Del panel evaluador participaron Carlos Ayala (Venezuela) Ximena Medellín (México) Juan Méndez (Argentina) y Naomi Roht-Arriaza (Estados Unidos).

La exministra y exembajadora del país en las Naciones Unidas en Ginebra presentó el 30 de abril  ante el Consejo Permanente su propuesta para el cargo y luego participó de un foro en medio de incidentes, donde recibió cuestionamiento de parte del exalcalde de La Paz Ronald MacLean, el expropietario de la extinta aerolínea Aerosur Humberto Roca y  de José Miguel Vivanco,  director de la División de las Américas de Human Rights Watch (HRW).

Posteriormente legisladores de la Unidad Demócrata (UD) enviaron misivas al embajador Andrés Gonzáles, presidente del Consejo Permanente de la OEA, y a Luis Almagro, Secretario General del organismo, para hacer conocer que Suxo “no garantizaría imparcialidad, transparencia ni ecuanimidad en los posibles fallos, así como la aplicación e interpretación de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos”.

“El Panel lamenta que la candidata no se mostrara dispuesta a realizar una entrevista con el Panel, dado que la misma podría haber permitido esclarecer las preocupaciones sobre estos puntos y sobre algunas denuncias en su contra”, refiere parte de las conclusiones derivadas de aspectos evaluados en las matrices de reconocida competencia en materia de derechos humanos; independencia e imparcialidad; elevado carácter moral; calificación para ejercer la más elevada función judicial; desafíos que enfrenta el Sistema Interamericano de Derechos Humanos; integración Equilibrada y  proceso de selección.

En lo relativo a independencia e imparcialidad, se establece que fueron recibidas desde la sociedad observaciones como excesiva cercanía con el gobierno y promover la falta de independencia de la Justicia. Además refiere reportes de prensa de acusaciones como tráfico de influencias a favor de su esposo, utilización de sus puestos oficiales para acusar falsamente a opositores del gobierno de corrupción y ser parte de un “gabinete jurídico” del gobierno que escogió jueces y fiscales no independientes. Aclara que nada de esto pudo ser comprobado y que tampoco existen procesos oficiales abiertos contra la exautoridad.

“El Panel recibió una comunicación de dos ONGs bolivianas con estas alegaciones. Ante esto, la candidata respondió en el cuestionario que en su calidad de Ministra de Transparencia y Anti-Corrupción recibió ataques mediáticos y hasta físicos de los sectores que se sentían atacados e incluso de otros funcionarios del mismo gobierno, solo en base a su función como Ministra. No se conocen denuncias formales, judiciales o administrativas, contra la candidata y, hasta donde le consta al Panel, no han habido investigaciones formales en su contra”, sostiene el documento.

Para los expertos “el simple hecho de trabajar en un gobierno o, incluso, de implementar políticas controversiales, no descalifica a la persona para ser juez o jueza del Sistema”, aunque considera que “la conducta de un candidato o candidata durante su gestión en un cargo en el gobierno y su compatibilidad con los estándares de derechos humanos es un elemento importante en su evaluación”.

Junto a Suxo postulan Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot (México), Ricardo Pérez Manrique (Uruguay) y Humberto Antonio Sierra Porto (Colombia). (01/06/2018)

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