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Defensa de Mesa anuncia contrademanda por caso Lava Jato y apunta a la gestión de Morales

El abogado Carlos Alarcón sospecha del supuesto viaje a Brasil de un grupo de legisladores en 2005 para gestionar la tramitación de una ley que validó la construcción de la vía Roboré - El Carmen. El MAS tenía mayoría en ese entonces.

El abogado constitucionalista Carlos Alarcón en la rueda de prensa de este viernes.

El abogado constitucionalista Carlos Alarcón en la rueda de prensa de este viernes. Foto: Aline Quispe

La Razón Digital / Rubén Ariñez / La Paz

11:13 / 08 de noviembre de 2018

Tras el informe de una comisión del Legislativo que halló vínculos del expresidente Carlos Mesa con el caso Odebrecht - Lava Jato, el abogado de la exautoridad, Carlos Alarcón, anunció una contrademanda que apunta al Movimiento Al Socialismo (MAS) y la primera gestión del presidente Evo Morales.

“Nosotros nos vamos a convertir, como en el caso Quiborax, en denunciantes, vamos a denunciar al Ministerio Público la verdadera historia de sobornos y vamos a pedir que haga la investigación que hasta ahora no ha hecho esta comisión”, anunció el jurista en una entrevista con la red ATB.

El escándalo de corrupción tiene que ver con el pago de sobornos de constructoras brasileñas a autoridades de gobiernos de la región, entre ellas algunas de Bolivia, según los primeros datos de la investigación.

Para Mesa y su abogado, hay serias sospechas de que los contratos para la construcción de las carreteras Roboré – El Carmen y El Carmen – Concepción, que se licitaron en su gestión pero no se concretaron, fueron negociaros mediante sobornos en las gestones de sus sucesores Eduardo Rodríguez Veltzé y Morales.

Sustentan su hipótesis en un correo de muchos que intercambió Marcos de Moura Wanderley, alto ejecutivo de la empresa Camargo Correa en Perú, con Carlos Fernando Namur, exdirector de esta firma en San Pablo, Brasil.

Hablan de una ley que luego dará pie a la obra previo pago de $us 65.000 a, se presume, legisladores bolivianos que se reunieron con los sobornadores en el hotel Maksoud de Brasil.

“Estamos tramitando la ley en el Congreso (son nuestros amigos)”, se lee en parte del correo al que tuvo acceso el diario El Deber, registrado en el cuaderno de investigación de la Policía Federal de Brasil.

Alarcón dijo que “lo sugestivo es que acá firma como presidente interino, no Rodríguez Veltzé, sino Sandro Giordano y participan en la sanción de esta ley todas las bancadas, incluidas la del MAS, que era la bancada mayoritaria en ese momento”.

A su juicio, “ése es el primer dato revelador directo vinculado con el correo de la empresa sobornadora” que debe ser investigado para identificar a los legisladores que viajaron a Brasil para gestionar la sanción de la norma que validó la obra con una “coima de 60 mil dólares”.

Sobre la base de esos indicios, Mesa, a través de una misiva, demandó el martes a la misma comisión que se incluya en la indagación a la administración de Morales sin saber que el trabajo había concluido el 2 de octubre, hace más de un mes.

Ese mismo día, horas después de hecho público el pedido de Mesa, la presidenta de la Comisión Mixta Especial de Investigación del caso que involucra a las firmas brasileñas Camargo Correa – Odebrecht, la oficialista Susana Rivero anunció, sin dar mayores detalles, que se encontró “movimientos sospechosos e inusuales del señor Mesa” en sus cuentas bancarias, que son indicios para que la Fiscalía abra una investigación.

Alarcón precisó que “el periodo de los sobornos era de septiembre de 2005 a agosto de 2008” y que hay una transferencia de $us 465.000 a entidades financieras de Estados Unidos que luego llegaron a un banco de Bolivia después de la sanción de la ley.

Ratificó que el gobierno de Mesa “no ha ejecutado un solo dólar” en el proyecto debido a la falta de contraparte del 20% del financiamiento y que el gobierno de Eduardo Rodríguez Veltzé solo ajustó la licitación y no hizo una nueva.

“El sobornador ha sobornado sobre la base de un contrato y decretos que le han garantizado los desembolsos, y los desembolsos se han hecho en la gestión de Evo Morales, pero eso a la diputada Rivero no le interesa averiguar”, sostuvo.

Esta nueva amenaza de proceso contra Mesa “tiene el afán directo de demoler al candidato ganador, según todas las encuestas que en este momento es Carlos Mesa, inclusive si Evo Morales forzaría inconstitucionalmente su candidatura”, aseguró el jurista que también fue parte del Gobierno de Mesa (2003 – 2005). (08/11/2018)

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