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La Iglesia Católica ve 'degradación' en la Justicia y exige renovación alejada de intereses políticos

La Asamblea de los Obispos emitió un pronunciamiento público este martes, en el que hizo referencia a la situación de la Justicia en Bolivia y a la necesidad de encarar una urgente renovación.

Conferencia de prensa sobre las conclusiones de la CIII Asamblea Ordinaria. Foto: www.iglesiaviva.net

Conferencia de prensa sobre las conclusiones de la CIII Asamblea Ordinaria. Foto: Fernando Cartagena

La Razón Digital / Miriam Chávez / La Paz

15:13 / 02 de mayo de 2017

La Asamblea de Obispos advirtió este martes, en un pronunciamiento público, que observa una "degradación institucional" de la Justicia en el país, por lo que exigió encarar una renovación "por encima de intereses partidistas".

Lo hizo en momentos en que el Legislativo, de mayoría oficialista, inició el proceso de inscripción de cantidatos para autoridades judiciales.

“Es hora de encarnar una profunda renovación de la justicia boliviana por encima de intereses partidistas. Para que el proceso sea transparente y logremos que sea honesto y respete la dignidad de la persona, es imprescindible la efectiva independencia y autonomía de los poderes del Estado”, sostiene el pronunciamiento.

En octubre se realizará la elección de las autoridades del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional. Este martes fue abierta la fase de inscripciones, tras la aprobación de la ley que reconfiguró el número de magistrados y del reglamento de preselección de candidatos.

En medio de cuestionamientos de la oposición, los legisladores del oficialismo aprobaron  el sábado el reglamento que veta la postulación de dirigentes políticos, militantes y excandidatos en los últimos cinco años, además de familiares de mandatarios y legisladores.

“La próxima convocatoria a elecciones judiciales en Bolivia consideramos sea la oportunidad para rescatar la credibilidad de la administración de la justicia en el país”, añade el comunicado de los Obispos.

La justicia se encuentra en crisis debido a constantes denuncias de corrupción y retardación. Autoridades del Gobierno, como el vicepresidente Álvaro García Linera, reconocieron que la primera elección de autoridades judiciales no resolvió los problemas de fondo en este ámbito.

“Los casos de detenciones en los que se notan móviles políticos más que jurídicos y el gran número de detenidos sin juicio ni sentencia, son algunas de las muestras de esta degradación institucional”, sostiene el documento.

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