El presidente Sebastián Piñera anunció hoy "máxima urgencia al reconocimiento constitucional de los pueblos originarios", siete días después de que el Gobierno chileno iniciará diversas reuniones en la región sureña de La Araucanía, con el fin de acabar con el conflicto que se vive en esa zona.

"He decidido como presidente de Chile poner máxima prioridad y urgencia al reconocimiento constitucional de nuestros pueblos originarios y a la creación de un Consejo de nuestros pueblos originarios que sea realmente representativo de su historia, de su tradición y de su cultura", enfatizó el mandatario.

El anuncio lo hizo en La Moneda, sede del Ejecutivo, mientras el ministro del Interior Andrés Chadwick y su colega de Desarrollo Social, Joaquín Lavín, se encuentran reunidos en la ciudad de Temuco, 673 kilómetros al sur de Santiago, con representantes de los mapuches, autoridades de la zona y parlamentarios.

Piñera sostuvo que el reconocimiento constitucional es un pilar de la política que su Gobierno ha desarrollando frente a los pueblos originarios, mientras que "el segundo pilar es reconocer que (allí) había un retraso inexcusable en materia de desarrollo económico y social", apostilló.

"No es casualidad que las dos regiones más retrasadas en esta materia de nuestro país, La Araucanía y el Biobío son precisamente las regiones donde se concentra una parte importante de nuestros pueblos originarios", subrayó Piñera.

En ese contexto, el presidente recordó que su gobierno ha impulsado el Plan Araucanía "el que pretende ser un plan que les permita recuperar el tiempo perdido en materia de desarrollo económico y social y que ya está dando sus frutos".

En esa región, se concentra la población de la etnia mapuche, algunas de cuyas comunidades mantienen un conflicto con empresarios agrícolas y empresas de forestales motivados por la reivindicación de unas tierras que consideran que les pertenecen desde tiempos ancestrales.

El episodio más grave tuvo lugar hace dos semanas en la localidad araucana de Vilcún y costó la vida al agricultor Werner Luchsinger, de 75 años, y a su esposa, Vivianne McKay, de 69, quienes murieron al ser incendiada su casa por un grupo de encapuchados.

Pese a estos hechos de violencia, Chadwick dijo el pasado martes, en reunión con los corresponsales, que el gobierno no tiene constancia de que haya grupos terroristas extranjeros vinculados a estas acciones, la mayoría atentados incendiarios