Ciudades

Luis Revilla anuncia una acción legal contra dos magistrados

El alcalde de La Paz observa la actuación de los magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), Yván Espada y Gonzalo Hurtado, respecto a una sentencia referida al caso Alpacoma.

El alcalde Luis Revilla sale de su declaración informativa por el caso Curva de Holguín. Foto: AFP

El alcalde Luis Revilla sale de su declaración informativa por el caso Curva de Holguín. Foto: AFP

La Razón (Edición Impresa) / Guadalupe Tapia / La Paz

09:24 / 26 de junio de 2019

El alcalde Luis Revilla anunció ayer acciones legales contra los magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), Yván Espada y Gonzalo Hurtado, que emitieron una sentencia que ordena investigarlo por el colapso del relleno de Alpacoma.

“Estamos analizando con los abogados las acciones a seguir. El TCP, en este fallo, ha cometido dos irregularidades graves”. La primera —dijo— es que excluye al  ministro de Medio Ambiente y Agua (MMAyA), Carlos Ortuño, y al dirigente de Achocalla, Martín Quenallata, de los alcances de una acción popular y la segunda, que establece responsabilidades cuando aún no hay resultados de la auditoría ambiental que justamente tiene ese propósito.   

Temprano en la mañana, la autoridad publicó en su cuenta de Twitter el siguiente mensaje: “La justicia+podrida que nunca. A cambio de que? El fallo firmado por Magistrado implicado con el narco Montenegro (Hurtado) instruye seguimiento a la Auditoría ambiental no iniciada pero visionariamente sugiere indagar a los ‘responsables’ Ni revisan las normas y aplican otras abrogadas”.

El 16 de mayo, Espada y Hurtado, integrantes de la Sala Cuarta Especializada del TCP, a través de la sentencia 228/2019, revocaron en parte un dictamen que denegó el recurso contra Ortuño, Revilla y Quenallata por el deslizamiento y el bloqueo al relleno de Alpacoma, y determinó que la Fiscalía inicie una investigación solo contra la autoridad edil de La Paz.

Teodoro Blanco Mollo y Simón Apaza Rojas solicitaron que se ordene al titular del MMAyA y al Alcalde que presenten un informe pormenorizado y documentado sobre el grado de cumplimiento e implementación de toda la reglamentación de residuos sólidos, el Reglamento de Prevención y Gestión Ambiental  y la Ley del Medio Ambiente y que se establezca el grado de responsabilidad penal, civil y administrativa por la acción y omisión de la vulneración de los derechos a la salud y otros.

Respecto a Quenallata, plantearon que justifique si con el bloqueo a los carros recolectores no se afectaba el interés colectivo de la población de La Paz y que, con base a ello, se adopten medidas preventivas urgentes, entre ellas el inmediato desbloqueo.

“Se trata claramente de un fallo de carácter político. Pero, además, se ha basado en un decreto que ya no está vigente, que está abrogado desde 2015”, sostuvo Revilla, al terminar de prestar sus declaraciones informativas en el caso Curva de Holguín.

La norma en la que se habría basado el TCP es el Reglamento de Gestión de Residuos Sólidos, aprobado por el Decreto Supremo 24176, de 8 de diciembre de 1995, abrogada en 2016, cuando se aprobó el Decreto Supremo 2954, que reglamenta la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos.

Revilla destacó que la sentencia constitucional 228/2019 se haya hecho pública “curiosamente después” de su denuncia de un presunto negociado entre el alcalde de Achocalla, Dámaso Ninaja (MAS), y la empresa IGBlue para el emplazamiento de una planta industrializadora de residuos sólidos, que comprometía los desechos sólidos que genera la ciudad, y un posible atentado.

“Están tratando de eludir las responsabilidades de otros actores y centrar las responsabilidades en el Alcalde de La Paz”.

Llama la atención —agregó— que Hurtado, magistrado relator, haya suscrito el dictamen, ya que fue denunciado por tener vínculos con el presunto narcotraficante Pedro Montenegro.

“Habrá que preguntar a estos magistrados vinculados o implicados con personas acusadas por narcotráfico, ¿A cambio de qué emiten estos fallos sorpresivos? (…), pero vamos a asumir acciones legales contra estos magistrados porque han cometido prevaricato”, advirtió la autoridad.

La sentencia ordena notificar al Ministerio Público y a la Procuraduría General del Estado para que inicien las acciones que correspondan. Hasta ayer, la Fiscalía de La Paz desconocía el caso.

 La presidenta del Concejo Municipal de La Paz, Andrea Cornejo (Sol.bo), dijo que la sentencia  es una represalia contra las autoridades municipales que son contrarias al MAS.  

El concejal Jorge Silva (MAS) consideró que el fallo “no es una persecución política (...), todos sabemos que el (deslizamiento)  se ha debido a una negligencia del Alcalde a través del Siremu (Giovani Jemio) y la empresa (Tersa) que él ha contratado (Sic)”.

La concejala Cecilia Chacón (Sol.bo) expresó que todos deben ser cautelosos con sus declaraciones. “La ciudadanía merece respeto. No podemos estar especulando sobre qué es lo que ha sucedido con el relleno, para ello se requiere una auditoría integral”. Si se hallan responsabilidades, con esa prueba se puede procesarlos. (26/06/2019)

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