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Dos fiscales están en la mira por dos casos de feminicidio

Las dos autoridades rechazan que hayan obrado en contra de las normas. Uno de ellos habría ocultado pruebas y el otro encerrado a un inocente.

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Imagen ilustrativa Foto: Luis Gandarillas-archivo

La Razón (Edición Impresa) / Jorge Quispe / La Paz

12:36 / 23 de abril de 2019

Un fiscal de Copacabana, que “ocultó pruebas”, y otra en Tupiza, quien presuntamente “encerró a un inocente”, son cuestionados  por abogados de las familias de Juana U. S., de 23 años, y Benita C. M., de 27. Sus muertes fueron tipificadas como feminicidios.

El 11 de marzo de este año, el Ministerio Público benefició a Sergio C., cónyuge de la víctima, con el sobreseimiento, decisión que fue corroborada por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz. El principal sospechoso, que estaba recluido en el penal de San Pedro, goza hoy del arresto domiciliario.

El 31 de mayo de 2018, el cadáver de Juana —madre de un infante de 3 años, hijo del presunto feminicida — fue encontrado en el cerro Marka Pata,  de Tiquina. Había sido víctima de una salvaje agresión sexual y tenía moretones en todo el cuerpo.

La joven fue vista con vida por última vez el 23 de mayo, cuando —según la parte acusadora— salió de su casa para dirigirse a trabajar, en la ciudad de La Paz. 

“No pudimos acceder al cuaderno de investigación, la inspección técnica ocular se hizo ocho meses después (enero de 2019) y, faltando dos días para que venza el plazo para impugnar, recién nos entregaron el CD de la triangulación de llamadas, que evidencia que Juana fue raptada”, protesta Quiroga, quien apunta al fiscal de Copacabana, Vladimir Monje.

La hipótesis de la defensa es que la mujer fue raptada por Sergio C., quien la encerró en su casa, donde ella fue vejada sexualmente por éste y otros cinco varones durante ocho días.

“La prueba genética (no correspondería) a Sergio C., pero estuvo en su casa encerrada ocho días —según la triangulación de llamadas—, lo que hace suponer que la abusaron todos los hermanos. Tiene lesiones genitales que reflejan violencia sexual extrema”.

Monje sobreseyó a Sergio C. el 11 de marzo de 2019. “Hemos impugnado el sobreseimiento por todas estas irregularidades y esperemos que ahora se obre con justicia”.

Sin embargo, el denunciado rebatió las acusaciones.

La autoridad afirma que tomó la decisión sobre la base de que “la prueba genética dice que el esperma encontrado en la víctima no corresponde a Sergio C.; existe esperma, pero es de otra persona”.

Según él, el examen tampoco indica que se encontraron varios tipos de espermas, que apoyaría la tesis de que fue vejada sexualmente por varias personas durante su secuestro de ocho días.

Uno de los hechos que lo convirtieron en sospechoso principal es que fue capturado cuando se disponía a escapar en un bote, con su madre y todos sus bienes.

Consultado sobre por qué se retrasó la inspección técnica ocular, el fiscal alega falta de recursos y las permanentes suspensiones de las audiencias. La hipótesis de que Sergio C. habría matado a su expareja porque reclamaba asistencia familiar se derrumbó, agrega el representante del Ministerio Público, porque su familia presentó documentos de pagos y cobros mensuales, uno de ellos fechado el 28 de mayo, cuando supuestamente estaba secuestrada.

El fiscal departamental de La Paz, William Alave, decidirá en los próximos días si procede la impugnación que presentó Quiroga.

El segundo caso, también polémico, tiene que ver con el feminicidio, el 21 de abril de 2018, en un centro de salud de Telamayu, Tupiza, departamento de Potosí, de Benita C. M., de 27 años, estudiante de enfermería.

Patricia Mamani, abogada del imputado, sostiene que pese a que la prueba genética apunta a Efraín A. S., fue encerrado el cónyuge de la joven, Edgar P. Ch., un galeno de 41 años.

Ese 1 de abril del año pasado, Efraín A. S., Edgar P. Ch. y tres mujeres, entre ellas Benita —madre de un niño de 2 años de su primera pareja—, consumieron bebidas alcohólicas en el centro de salud y la joven acabó muerta, tras ser vejada sexualmente. Su cuerpo tenía múltiples moretones.

En el momento de su aprehensión, el 3 de abril, el sindicado dijo que cuando él entró a la habitación su pareja ya estaba muerta,  y que en un momento de desesperación trasladó el cuerpo sin vida hasta Tupiza, donde reside la familia de la víctima, sin dar parte a la Policía. Benita iba a ser enterrada, pero un empleado de la funeraria denunció el caso a la Policía, ya que se pretendía efectuar la inhumación sin el certificado de defunción.

“La fiscal María Mercedes Mansilla encerró a un inocente, pese a que las pruebas genéticas pertenecían a Efraín A. S. y no a Edgar P. Ch., quien sigue encerrado ya hace un año”.

Se tiene previsto a fin de mes  una nueva audiencia en Tupiza y Mamani sospecha que Efraín A. S. no aparecerá porque no puede ser encontrado desde entonces.

La Razón llamó a Mansilla, quien rechazó que haya encerrado a un inocente. “Yo no hice la imputación, la hizo el anterior fiscal, y con todos los indicios pertinentes. Ahora, si tuvieran otro elemento, deberían requerir la cesación a la detención preventiva”.

Mamani denunció a Mansilla ante la Fiscalía General del Estado por el delito de incumplimiento de deberes.

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