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Medrano hizo trámites para Tersa y firmó 3 contratos, según fiscal

La Fiscalía halló 24 indicios de la comisión de dos delitos en el caso del concejal Fabián Siñani y su esposa Maricruz Medrano.

Alpacoma. El relleno administrado por Tersa colapsó en enero.

Alpacoma. El relleno administrado por Tersa colapsó en enero. Foto: Álvaro Valero-archivo

La Razón (Edición Impresa) / Guadalupe Tapia / La Paz

12:23 / 17 de abril de 2019

Maricruz Medrano, esposa del concejal de Soberanía y Libertad (Sol.bo) Fabián Siñani, recibió tres poderes del empresario Edwin Saavedra con los que hizo trámites y firmó tres contratos para Tersa SA, reveló el fiscal anticorrupción Ronald Chávez.

“El poder que se le otorga (a Medrano) es amplio y suficiente —entre 2013 y 2016 la abogada recibió tres—, sea (abogada) interna o externa. En este caso, no solamente ha sido representante de Tersa, sino también del señor Saavedra, que le da un poder amplio para hacer todo tipo de trámites, ante juzgados, Alcaldía, Fiscalía”. 

Con esos documentos, la abogada hizo trámites para esa empresa ante el gobierno local.

“Ha firmado algunos contratos, ahora tenemos como tres contratos, como indicios.  Tenemos que revisar, es harta documentación”.

Desde que se conoció el nexo  Medrano-Siñani, la profesional no hizo ninguna declaración y solamente se pronunció su esposo.

Éste es uno de los principales indicios —de un total de 24—  que encontró el Ministerio Público y que sustentan la imputación formal contra el legislador local por los delitos de incumplimiento de deberes y uso indebido de influencias en la investigación por supuesto favorecimiento a la compañía que administra el relleno sanitario de Alpacoma.

Este medio intentó contactarse con ella al número telefónico que figura en el Registro Público de Abogacía, del Ministerio de Justicia, pero quien contestó dijo que era un número equivocado.

El 18 de febrero, la diputada Betty Yañíquez, del Movimiento Al Socialismo (MAS), reveló el vínculo familiar entre Medrano y Siñani, a quien acusó de ser representante legal de Tersa SA desde 2013. El accionista mayoritario de la operadora es Saavedra.

“Mi esposa nada tiene que ver entre Tersa y el Gobierno Municipal de La Paz (...) —aseguró ese mismo día el concejal—. Mi esposa es abogada externa de Tersa y atiende casos de índole laboral, es decir, de la empresa con sus empleados”. Argumento que repitió a lo largo de estas semanas. 

Sin embargo, Chávez, consultado ayer sobre el caso, explicó que “la Fiscalía obtuvo toda la documentación referida a Tersa y la Alcaldía desde la gestión 2005”, año en que se firmó el contrato para la administración del relleno.

Consultado sobre el tipo de contratos que llevan la rúbrica de Medrano, Chávez sostuvo que son “actualizaciones de contrato y recontrataciones”.

Entre los indicios, el fiscal citó una nota en la que la abogada solicita copia de la ordenanza del cambio de uso de suelos de la Curva de Holguín, para el proyecto World Trade Center, nota que es respondida por el presidente y el secretario del Legislativo, Pedro Susz y Fabián Siñani, respectivamente.

“Se tiene claro que él tenía conocimiento de que su esposa era representante de esta empresa, incluso antes de que el señor Siñani cumpla labores como concejal. Jamás lo dio a conocer ni a la Alcaldía, tampoco al Concejo”.

En criterio de la Fiscalía, el momento en que asumió como concejal, “para evitar que pueda haber especulaciones” o “susceptibilidades” de un posible uso indebido de influencias, el legislador debió informar sobre la relación matrimonial con la abogada.

Por ese motivo considera que Siñani cometió omisión, al no informar de esos vínculos.

Espere…

La profesional obtuvo el primer poder del empresario en 2013, cuando Siñani no era concejal, pues asumió ese cargo en 2015. Sin embargo, el imputado fungió 13 años en cargos dentro del Ejecutivo edil.

“El señor Siñani con el alcalde Luis Revilla tenían amistad desde colegio; es más, han salido bachilleres juntos. Obviamente, entre amigos hay posibilidades de colaborar, pero más allá de esto, ya se ve el uso de influencias en base al poder que le da Saavedra a Medrano. La obligación como funcionario público era comunicar este aspecto”, recalcó.

Consultado si se ampliarán las pesquisas al periodo en el que Siñani trabajó en el Ejecutivo, Chávez indicó que sí. “Ahí empieza el favorecimiento por la amistad que tenían ellos (Siñani y Revilla)”.

El legislador edil  fue trasladado por la mañana de celdas policiales a celdas de la Fiscalía a la espera de su audiencia cautelar.  El traslado coincidió con una marcha de personas que  le expresaron su apoyo y cuestionaron a la Justicia. “Libertad para Fabián”, “Democracia sí, dictadura no”, fueron algunos de los estribillos que gritaban los manifestantes.

Este medio recibió la denuncia de dos funcionarios de que fueron obligados a marchar. Epifania Colque, secretaria general del Sindicato de Trabajadores Municipales reconocido por el Ministerio de Trabajo, denunció a través de grupos de WhatsApp esta situación. La Razón intentó comunicarse con ella, pero no hubo respuesta.

La Alcaldía rechazó tales aseveraciones y señaló que Colque no cuenta con el respaldo de los trabajadores. “No se ha procedido a obligar ni se obligará al personal (...) a participar en este tipo de actividades y peor aún generar instructivos (...)”, expresó el secretario Ejecutivo, Álvaro Blondel.

Quienes se manifestaron “asumieron de manera espontánea esta posición puesto que responde a una expresión contra la injusticia a un legislador de La Paz y compañero de la gestión”.  Este medio constató que varios manifestantes eran funcionarios ediles.

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